La situación judicial de Nilda Garré quedó muy complicada luego de que la Justicia resolviera imputarla por el posible contrabando y subfacturación de armas y dejarla al borde de citarla a declaración indagatoria.

La medida fue dispuesta por el juez en lo Penal Económico, Guillermo Tiscornia, quien halló los suficientes elementos para determinar que hubo un "claro caso de subfacturación". 

Esta mañana, la funcionaria se desvinculó totalmente de la posibilidad de haber incurrido en irregularidades en la exportación de partes de fusiles a los Estados Unidos, al asegurar que "no tengo nada que ver, no puede haber ninguna responsabilidad mía".

"Acá no se puede suponer una actitud dolosa mía vinculada a contrabando de FAL y de FAP, eso es casi risible", aseguró la ministra en diálogo con la prensa, pero sin embargo aseguró que tiene total disposición a colaborar con la Justicia.

En este sentido puntualizó: "Iremos en esa fecha y colaboraremos con la Justicia, no tenemos absolutamente nada que ocultar, no hay ninguna actitud dolosa del Ministerio ni de los funcionarios de línea" de su cartera.

"No voy a quedar complicada", dijo Garré y explicó que el precio de las armas lo fijaba la Aduana luego de la resolución sobre su exportación y que es mecanismo fue modificado, al considerarse que era "perfectible".

El caso se generó por un embarque de 6.739 kilogramos de partes de fusiles FAL que la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) iba a vender por 2664,45 dólares a la empresa JLD Enterprises INC, de Connecticut, en los Estados Unidos cuyo titular es un argentino.

Desde la Aduana decidieron detener dicha exportación "autorizada por el Ministerio de Defensa a través de la resolución Nº 1334 con fecha 4 de diciembre de 2006".

Al respecto, Tiscornia aseguró al diario La Nación que "todos los indicios emergentes de la marcha de la presente investigación remiten a un claro caso de probable subfacturación, sin que a esta altura pueda descartarse que el avance de estas averiguaciones permita ilustrar acerca del despliegue de una maniobra elusiva del control aduanero, pero referida a una hipótesis de contrabando agravado por tratarse de material bélico".

En su dictamen, Tiscornia sostuvo que "había tres pares de números mellizos, 11 unidades con la numeración limada y cuatro unidades con la identificación ilegible".

Además, el juez agregó en su resolución para argumentar sus sospechas que "el probable despliegue de una simulación delictiva que detrás de la máscara del denominado material de desguace, eventualmente, escondiese un cargamento de partes de armas que luego podrían ser sometidas a una transformación en fusiles terminados y listos para ser disparados o, eventualmente, para ser colocados en algún país distinto del formalmente declarado".
 
Tiscornia dejó abierta a su vez una posibilidad concreta de citar a Garré a declaración indagatoria para interrogarla al respecto, aunque no le prohibió salir del país como a otros funcionarios que también fueron imputados en la causa.
 
"Se invitará a los nombrados para que propongan defensor y si no lo hicieren, hasta tanto se les pudiera recibir, eventualmente, declaración indagatoria, se les designará defensor oficial", manifestó.