River recusó al titular de la subsecretaría de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Javier Castrilli y pidió que se lo aparte de la causa por "prejuzgamiento", tras las declaraciones periodísticas que realizó sobre eventuales penas que le corresponderían a la entidad.
 
El escrito es de carácter administrativo y la entidad de Núñez alega que Castrilli tiene un "prejuicio personal absolutamente incompatible con el recto ejercicio de la alta función administrativa que el Poder Ejecutivo de la Nación le ha encomendado".
 
La presentación sostiene que Castrilli sólo sustenta su acusación en actas policiales, informes de detenidos y fotografías, más "18 notas periodísticas" y advierte que los incidentes no ocurrieron dentro del marco del partido de fútbol entre River y Lanús, sino en un lugar adjunto al estadio.
 
Como parte sustancial, el escrito contiene una recusación hacia el ex árbitro a quien se lo acusa de prejuzgamiento, tras las declaraciones que realizó el lunes pasado para evaluar la situación, cuando dijo que "si sus dirigentes no son convincentes... la sanción va a ser sumamente drástica; no va a bajar de cinco fechas".
 
El escrito es de carácter administrativo y la entidad de Núñez alega que "con sus declaraciones públicas" Castrilli tiene un "prejuicio personal absolutamente incompatible con el recto ejercicio de la alta función administrativa que el Poder Ejecutivo de la Nación le ha encomendado".
 
Como fundamento de la solicitud de apartamiento del funcionario, River aduce que la subsecretaría no tiene pruebas y que sólo sustenta su acusación de "fallas en la organización del encuentro futbolísitico... con 10 fojas de actas policiales e informes de detenidos, 9 fotografías del sistema OEMCOMPUTER y 18 notas periodísticas".
 
"Ni siquiera podemos saber, a partir de la lectura del expediente, si es que efectivamente se le está imputando a River Plate algún hecho", dice la presentación, aludiendo a que el expediente administrativo -según River- carece de pruebas y tiene "orfandad de referencias fácticas y legales".
 
La entidad también asegura que los incidentes no se produjeron dentro del estadio, donde le cabrían las penalidades por desmanes en el marco de un encuentro deportivo, sino en la zona de quinchos, dependencias que corresponden a otras actividades sociales y no futbolísticas.
 
"A River le vamos a dar el derecho a la defensa, pero si sus dirigentes no son convincentes con respecto a los argumentos, la sanción va a ser sumamente drástica, no va a bajar de las cinco fechas", dijo el ex árbitro hace dos días en rueda de prensa.
 
El funcionario le apuntó entonces con dureza a los dirigentes al aseverar que "si eligen convivir con la mugre, deberán atenerse a las consecuencias", lo que se interpreta como un prejuzgamiento.
 
La presentación administrativa de River busca reducir la cantidad de fechas de suspensión que podría caberle a la institución por los graves incidentes que se generaron en sus instalaciones el domingo pasado.
 
Según Castrilli, lo sucedido en la zona de quinchos del Monumental durante un enfrentamiento entre los dos grupos que pugnan por el liderazgo de la barrabrava conocida como "Los Borrachos del Tablón", "fueron responsabilidad del Club y no de la Policía Federal, porque (los barras) estaban antes allí".
 
Los incidentes, que terminaron con un herido de bala y tres de arma blanca, fueron protagonizados por dos grupos que responderían a los socios Alan Schlenker y Adrián Rousseau, líderes de la barrabrava, quienes se habrían peleado duramente entre ellos durante la refriega, según señalaron testigos del enfrentamiento.
 
"Si hay algún socio que observa alguna inconducta, debe ser expulsado (del club)", señaló Castrilli en esa conferencia de prensa. La investigación judicial está a cargo del fiscal de instrucción porteño, Marcelo Martínez Burgos, una suerte de fuero correccional de la zona de Saavedra, cercana al estadio.
 
La fiscalía allanó durante dos jornadas seguidas oficinas y dependencias del Club, donde el miércoles se encontaron facas y cuchillos.