El gobierno boliviano anunció que mantendrá su cronograma a pesar de las críticas de empresarios e inversionistas. "No se trata de abuso de autoridad, sino de cumplir postulados", justificó

El gobierno bolviano de Evo Morales mantendrá su cronograma de expropiaciones de empresas adquiridas bajo la ley de Privatización, que estuvo en vigencia entre 1989 y 1993, anunció el jueves el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce.
El funcionario desestimó el calificativo de "abuso de autoridad" que hicieron los ejecutivos de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), propiedad del empresario Samuel Doria Medina, después de la expropiación que se hizo el lunes de la cementera Fancesa.
"No se trata de abuso de autoridad, sino de cumplir con los postulados de la política gubernamental de recuperar los bienes que pertenecen al Estado y al pueblo", justificó Arce.
El ministro cuestionó a Doria Medina al acusarlo de beneficiarse con la antigua ley de Privatizaciones que diseñó cuando era ministro de Planificación, época en la que adquirió acciones de las cementeras Viacha, de La Paz y Fancesa, de Sucre.
"Eso es un delito de tráfico de influencias. El gobierno es fiel a su política de recuperación de los bienes estatales y así fueron informadas las organizaciones que agrupan a los empresarios nacionales y extranjeros", declaró Arce.
Sobre el monto de indemnización que el gobierno está dispuesto a pagar a Doria Medina por la expropiación de la cementera Fancesa, el funcionario precisó que existen 180 días de plazo para un trabajo de valuación de los bienes.
El presidente Evo Morales, bajo su autodenominada reversión de acciones, impuso desde mayo de 2006 un programa de nacionalizaciones y expropiaciones que comenzó en el sector de hidrocarburos.