Durante 17 días, Guatemala parecía haber quedado bajo el control de mafiosos narcotraficantes, luego de que las autoridades designaran a Conrado Reyes como fiscal general.

Apenas días después de la toma de poder de Reyes, más de una docena de fiscales experimentados que habían estado ocupándose de casos delicados relacionados con asesinatos políticos, corrupción y narcotráfico fueron destituidos de sus cargos.

Al preguntársele por qué había despedido a los fiscales, Reyes dijo a la prensa: "No estaban haciendo nada''.

Varios gobiernos extranjeros ejercieron fuerte presión sobre Guatemala, y su Corte de Constitucionalidad se sintió obligada a intervenir.

Al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU estaba Carlos Castresana, quien renunció a su puesto el 7 de junio, e hizo una declaración contra Reyes: "Él no es el fiscal que Guatemala se merece. Tiene lazos con organizaciones ilícitas".

El 11 de junio, la corte anuló la selección de Reyes a la fiscalía. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, designó a un costarricense renombrado como enemigo de la corrupción, Francisco Dall'Anese, para reemplazar a Castresana al frente de la comisión contra la impunidad de la ONU, cuyo mandato expira el año que viene.

Ahora el Congreso debe realizar la convocatoria a los miembros de la Comisión de Postulación del nuevo fiscal.

Preocupación
Entre 275 y 385 toneladas de cocaína sudamericana pasan por Guatemala cada año, casi lo suficiente para satisfacer la demanda total de los Estados Unidos, de acuerdo con un cálculo hecho en marzo por el Departamento de Estado.

Según un informe del 22 de junio del Grupo Internacional de Crisis, una organización radicada en Bruselas, hasta siete de las 22 provincias de Guatemala podrían estar fuera del control del gobierno, lo cual hace de este "uno de los países más peligrosos del mundo".

Según publica hoy el portal El Nuevo Herald, un débil sistema judicial mantiene fuera de la cárcel a la mayoría de los políticos corruptos, asesinos pagados, traficantes de armas y de drogas de Guatemala.

Aunque la administración del presidente Álvaro Colom expulsó a más de 2.000 agentes de la Policía nacional, la corrupción corroe los pilares del Estado.

Los últimos dos jefes de la Policía nacional están en la cárcel acusados de cargos relacionados con el narcotráfico. Dos ex ministros de Gobernación son fugitivos de la Justicia.