05-11-09 | Mundo
Día clave en la crisis política hondureña
Diputados afines a Manuel Zelaya buscaban hoy convocar a una sesión del Congreso para tratar la restitución del líder en el último día de plazo del acuerdo, mientras manifestantes llegaban a Tegucigalpa para apoyarlo
La jugada de los legisladores zelayistas, que intentan lograr una mayoría simple para hacer la convocatoria, se da un día después de que una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió acelerar la conformación de un gobierno de unidad nacional contemplado en un acuerdo firmado por representantes de Zelaya y el gobierno de facto.
"Faltan pocas horas, no se ha reunido el Congreso y no vemos en el horizonte ningún indicio de que tengan interés o voluntad política de cumplir estos acuerdos", dijo Zelaya, desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra refugiado. Zelaya fue derrocado el 28 de junio y expulsado de Honduras a punta de pistola por militares.
Tras el golpe, un gobierno de facto encabezado por el empresario Roberto Micheletti fue designado por el Congreso, agudizando la peor crisis política de Centroamérica en dos décadas y dejando dividido al país.
Después de meses de negociaciones para volver al poder con el apoyo de la comunidad internacional, Zelaya y el gobierno de facto acordaron la semana pasada formar un gobierno de unidad nacional y que el Congreso decidiera si el depuesto mandatario debe retornar a la presidencia.
Aunque el plazo para conformar el gobierno de unidad nacional vence hoy, el ex presidente chileno Ricardo Lagos, jefe de la misión de la OEA, reconoció que podría tomar un poco más de tiempo cumplir este punto del compromiso.
"Ojalá pueda haber un entendimiento en ese sentido, configurar un gobierno de unidad nacional y de esa manera comenzar a tener un avance concreto en este conflicto que lleva ya tanto tiempo", dijo Lagos a su retorno a Chile.
Las negociaciones políticas ocurrían mientras miles de simpatizantes zelayistas se dirigían, incluso desde otras ciudades, al centro de Tegucigalpa para presionar por la restitución del depuesto gobernante.
Los zelayistas dijeron que desconocerán las elecciones y amenazaron con iniciar cortes de carreteras si el jueves a medianoche no es reinstalado Zelaya en el poder.
En el centro de Tegucigalpa, a unos 200 metros de donde se reunían los simpatizantes de Zelaya explotó una bomba de bajo poder, sin dejar heridos, según reportes iniciales de la policía.
En la madrugada, una granada estalló en una radio que apoya al Gobierno de facto, causando heridas leves a un operador y daños materiales. Mientras tanto, el Congreso espera la opinión de la Corte Suprema -que había ordenado destituir a Zelaya por su supuesta violación a la Constitución con intentos de allanar camino para la reelección-, de la fiscalía general y del Ministerio Público antes de decidir sobre la restitución del mandatario.
Pese a que la Junta Directiva del Congreso no convocó a la sesión especial, el diputado zelayista Javier Hall dijo a una radio local que buscaban conformar una mayoría simple para llamar a plenario y votar de una vez por la restitución de Zelaya.
"Somos 36 liberales y seis de la unión democrática, establecimos contactos con otros, incluidos los nacionales", dijo Hall a una radio local.
Un dirigente del ala liberal afín a Zelaya dijo que siguen trabajando en una alianza, "y no pararemos ni a medianoche". El Partido Liberal tiene 62 diputados, pero está dividido entre los que apoyan al Gobierno de facto y el grupo que respalda a Zelaya. El opositor Partido Nacional, que puede definir la restitución, no ha fijado aún una posición oficial.
Zelaya acusó al Partido Nacional de dilatar su restitución porque consideró que es vital para formar el gobierno de unidad, ya que "no puede haber un Gobierno sin presidente".
En Washington, Ian Kelly, portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos, insistió en que la solución de la crisis política, incluida la restitución de Zelaya, está ahora en manos de los hondureños.
Zelaya ha advertido de que en caso de no ser restituido esta semana, la comunidad internacional desconocería las elecciones, que ya estaban convocadas desde antes de que fuera derrocado y que han sido tomadas como punta de lanza del gobierno de facto como vía para poner fin a la crisis.
"Faltan pocas horas, no se ha reunido el Congreso y no vemos en el horizonte ningún indicio de que tengan interés o voluntad política de cumplir estos acuerdos", dijo Zelaya, desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra refugiado. Zelaya fue derrocado el 28 de junio y expulsado de Honduras a punta de pistola por militares.
Tras el golpe, un gobierno de facto encabezado por el empresario Roberto Micheletti fue designado por el Congreso, agudizando la peor crisis política de Centroamérica en dos décadas y dejando dividido al país.
Después de meses de negociaciones para volver al poder con el apoyo de la comunidad internacional, Zelaya y el gobierno de facto acordaron la semana pasada formar un gobierno de unidad nacional y que el Congreso decidiera si el depuesto mandatario debe retornar a la presidencia.
Aunque el plazo para conformar el gobierno de unidad nacional vence hoy, el ex presidente chileno Ricardo Lagos, jefe de la misión de la OEA, reconoció que podría tomar un poco más de tiempo cumplir este punto del compromiso.
"Ojalá pueda haber un entendimiento en ese sentido, configurar un gobierno de unidad nacional y de esa manera comenzar a tener un avance concreto en este conflicto que lleva ya tanto tiempo", dijo Lagos a su retorno a Chile.
Las negociaciones políticas ocurrían mientras miles de simpatizantes zelayistas se dirigían, incluso desde otras ciudades, al centro de Tegucigalpa para presionar por la restitución del depuesto gobernante.
Los zelayistas dijeron que desconocerán las elecciones y amenazaron con iniciar cortes de carreteras si el jueves a medianoche no es reinstalado Zelaya en el poder.
En el centro de Tegucigalpa, a unos 200 metros de donde se reunían los simpatizantes de Zelaya explotó una bomba de bajo poder, sin dejar heridos, según reportes iniciales de la policía.
En la madrugada, una granada estalló en una radio que apoya al Gobierno de facto, causando heridas leves a un operador y daños materiales. Mientras tanto, el Congreso espera la opinión de la Corte Suprema -que había ordenado destituir a Zelaya por su supuesta violación a la Constitución con intentos de allanar camino para la reelección-, de la fiscalía general y del Ministerio Público antes de decidir sobre la restitución del mandatario.
Pese a que la Junta Directiva del Congreso no convocó a la sesión especial, el diputado zelayista Javier Hall dijo a una radio local que buscaban conformar una mayoría simple para llamar a plenario y votar de una vez por la restitución de Zelaya.
"Somos 36 liberales y seis de la unión democrática, establecimos contactos con otros, incluidos los nacionales", dijo Hall a una radio local.
Un dirigente del ala liberal afín a Zelaya dijo que siguen trabajando en una alianza, "y no pararemos ni a medianoche". El Partido Liberal tiene 62 diputados, pero está dividido entre los que apoyan al Gobierno de facto y el grupo que respalda a Zelaya. El opositor Partido Nacional, que puede definir la restitución, no ha fijado aún una posición oficial.
Zelaya acusó al Partido Nacional de dilatar su restitución porque consideró que es vital para formar el gobierno de unidad, ya que "no puede haber un Gobierno sin presidente".
En Washington, Ian Kelly, portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos, insistió en que la solución de la crisis política, incluida la restitución de Zelaya, está ahora en manos de los hondureños.
Zelaya ha advertido de que en caso de no ser restituido esta semana, la comunidad internacional desconocería las elecciones, que ya estaban convocadas desde antes de que fuera derrocado y que han sido tomadas como punta de lanza del gobierno de facto como vía para poner fin a la crisis.
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