España aprobó una ley que endurece política de inmigración

Se trata de la cuarta reforma de la Ley de Extranjería de España en ocho años, pero es la primera impulsada por el gobierno del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y ha sido repudiada por la gran mayoría de las asociaciones de inmigrantes, organizaciones no gubernamentales, y Amnistía Internacional.

El proyecto, que ahora pasará al Senado, salió adelante con el apoyo de los socialistas, los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), Coalición Canaria (CC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que sumaron 185 votos.

En la oposición se situó el conservador Partido Popular (PP), el grupo de izquierda (ERC, IU-ICV), y UPyD (Unión, Progreso y Democracia), con 146 votos, mientras cuatro diputados del Grupo Mixto se abstuvieron, anunció el presidente del Congreso español, José Bono.

Pese a sufrir varias modificaciones, el texto mantiene los puntos más polémicos de la endurecida norma oficial como la restricción de la reagrupación familiar de ascendentes a personas mayores de 65 años, salvo por razones humanitarias, y a partir de los cinco años de residencia, y el aumento del plazo de retención de los inmigrantes "sin papeles” de 40 a 60 días.

Hasta ahora, los inmigrantes con un año de residencia y otro más de permiso, podían reagrupar a su familia.

Con la nueva ley, los extranjeros tendrán que esperar 5 años y podrán traer a España a sus cónyuges e hijos menos de 18 años y padres mayores de 65 años.

La única nota positiva es que los hijos de 16 años ya tendrán permiso para trabajar.

Asimismo, la Ley amplía el período máximo de retención de los "sin papeles" en los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días, pese a que la normativa europea no obligaba a hacerlo.

"Los 60 días son importantes, pero hemos aumentado las garantías en los CIE. Un juez va a determinar qué tiempo es el mínimo necesario y otro magistrado va a velar con garantías jurídicas de los inmigrantes, quienes recibirán asistencia social y sanitaria", sostuvo la diputada socialista Esperanza Esteve, al defender el texto ante el pleno del Congreso.

La nueva ley garantiza la entrada de las organizaciones no gubernamentales a los CIE, donde se han advertido abusos, e impone la necesidad de elaborar un reglamento específico para su funcionamiento.

"Sabemos que para la expulsión no hacen falta 20 días más sino más recursos, pero lo que importaba era endurecer el discurso”, afirmó Joan Herrera, el portavoz de la izquierda ecologista, al tiempo que consideró que la nueva ley recorta derechos y crea ciudadanos de "primera, segunda y tercera categoría”.

En cambio, el PP rechazó la ley al considerar que el gobierno se quedaba corto con las restricciones.

"Existe una íntima conexión entre la inmigración ilegal y la delincuencia, y por eso creemos que se ha perdido una oportunidad para combatirla al no aceptar las enmiendas destinadas a expulsar de España a las personas que vienen a nuestro país a delinquir”, dijo el portavoz de inmigración del PP, Rafael Hernando, quien advirtió que su formación reformará la ley cuando pueda hacerlo.

Otros de los puntos controvertidos de la ley es que se permite que las ONG´s y entidades privadas asuman la tutela de los menores extranjeros no acompañados, con lo que el Estado –concretamente las comunidades autónomas- se desentiende aún más de su obligación de proteger, educar y "regularizar” a este grupo de "sin papeles”, cada vez más numeroso.

Por otro lado, la nueva ley establece una gestión descentralizada de los flujos migratorios, al blindar la participación de las comunidades autónomas de España en la política de extranjería a través de la gestión de permisos de trabajo y residencia.

Por ejemplo, las comunidades autónomas con competencia en materia de inmigración, como Cataluña, podrán contar con servicios en el extranjero para realizar directamente la contratación en origen.

Además, se introduce un informe sobre el "esfuerzo de integración de los inmigrantes” a cargo de las comunidades autónomas que será tenido en cuenta a la hora de autorizar la reagrupación familiar, la renovación de la residencia temporal y de larga duración, el arraigo y la obtención de la nacionalidad.

"Sin el conocimiento de los idiomas que se hablan en nuestras sociedades no es posible la integración. Nos hemos alejado del multiculturalismo, pero las políticas multiculturales han fracasado, y así lo demuestran países como Holanda o Gran Bretaña”, sostuvo el portavoz de inmigración de CiU, Carles Campuzano.

Este "informe de integración”, muy parecido al polémico "contrato de integración del PP”, será una traba para miles de inmigrantes que viven en España y que tengan que renovar sus permisos de residencia en los próximos años.

Entre otros puntos negativos figura la posibilidad de multar con hasta 10.000 euros a quienes favorezcan la estancia ilegal de un extranjero en España, situación en la que se pueden encontrar cualquier persona que firme una carta de invitación, uno de los requisitos que deben cumplir los latinoamericanos procedentes de países a los que no se les exige visa, como es el caso de
Argentina.

Uno de los temas que más preocupa a las ONG´s en materia de restricciones es que los inmigrantes que no tengan permiso de residencia no podrán empadronarse, un requisito fundamental para acceder a algunos de los servicios básicos como la sanidad y la educación.

Tras la aprobación de la ley, la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró hoy que el gobierno ya trabaja en la modificación del vigente reglamento de aplicación de la ley de Extranjería, con la intención de que esté listo en menos de un año.