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Viernes 27 de Noviembre
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Declaran estado de sitio en Colombia por el escándalo de empresas ilegales

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El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, anunció hoy la aplicación de un "estado de emergencia", que permite al gobierno emitir decretos sin pasar por el Congreso, y encarar así la caída del negocio que recauda dinero ilegalmente.

El anuncio fue hecho en la Casa de Gobierno por Valencia junto a varios de sus colegas del área económica.  "En el día de hoy el gobierno nacional ha declarado el estado de emergencia", aseguró.

La medida "se ha tomado en razón de la grave alteración social que ha originado la proliferación de distintas modalidades no autorizadas por la ley de captación o recaudo masivo de dineros del público", indicó.

Ese estado de emergencia, que rige por 30 días y prorrogables otros 30, permitió emitir cuatro decretos, entre ellos uno que multiplica las penas para el delito de recaudación masiva de dineros, que era penado con hasta seis años de prisión, a 20 años de cárcel.

Dijo también que otro decreto dio facultades a los alcaldes del millar de municipios y los gobernadores de los 32 departamentos para que puedan cumplir funciones de policía y cerrar establecimientos donde detecten que se capte dinero ilegalmente.

"Con la incautación de bienes y dinero (de las empresas cerradas)... la idea entonces es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros" a los clientes, indicó Valencia. "Los ciudadanos deben entender que el gobierno los está protegiendo", indicó.

El Ministro no dijo de inmediato ni cuánto dinero pensaban que podían decomisar en esas empresas cerradas, ni cuántos clientes estarían afectados o habrían perdido dinero en ellas.

El caso de las pirámides estalló el pasado 12 de noviembre, cuando ante versiones Carlos Alfredo Suárez, propietario de otra de las más conocidas de esas compañías, Proyecciones DRFE, había salido del país sin pagar a sus clientes, cientos de colombianos se abalanzaron sobre las oficinas de esa empresa, la mayoría en Putumayo, donde también tenía su sede principal, produciéndose protestas y saqueos jueves y viernes.

El gobierno, la Fiscalía y la Superintendencia -ente del Ministerio de Hacienda que monitorea la banca y el mercado de valores- tuvieron entonces dificultades para explicar por qué no actuaron antes para cerrar esas compañías cuando ya desde comienzos de año se habían producido casos de estafas con algunas de ellas.

Hasta ahora ninguna autoridad informa cuántos colombianos han podido perder plata en estas empresas y cuánto dinero esta involucrado.

Sólo en el caso de Proyecciones DRFE la policía decomisó en varias de sus oficinas la semana pasada unos 92.400 millones de pesos (unos 42 millones de dólares), en dineros depositados en cuentas del estatal Banco Agrario y que ahora el gobierno estudia el mecanismo con el cual los devolverá a clientes de la firma.

A su vez, los propietarios de esas empresas no han podido explicar en qué forma lograban pagar entre 70% y 150% al mes de ganancias a sus clientes, un mecanismo en el que la policía ha dicho que sospecha algún tipo de oscuro origen, como el narcotráfico, en el capital o semilla o el que dio origen a las empresas.


Fuente: AP

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