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Lunes 30 de Noviembre
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Como Chávez, Correa realizó una estatización masiva

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Quito traspasó definitivamente a manos estatales más de 200 empresas incautadas a un grupo económico hace tres meses, entre ellas medios de comunicación, luego de comprobar su vinculación con una quiebra bancaria

El Estado además pasó a ser socio de otras cincuenta firmas de propiedad del grupo Isaías, que protagonizó una de las peores crisis bancarias del país con la quiebra de su unidad Filanbanco a fines de 1999.

El presidente Rafael Correa, quien afianzó su poder con la aprobación de una nueva Constitución de corte socialista, decidió que el Estado asuma la operación de los bienes incautados porque sus dueños fueron incapaces para demostrar que las firmas no tenían vinculación con el grupo Isaías.

La resolución no podrá ser impugnada por los afectados. "Debo comunicar al país que todos de los bienes y paquetes accionarios que fueron incautados (al grupo Isaías) son ya de propiedad del Estado ecuatoriano", dijo el gerente de la AGD, Carlos Bravo, a periodistas.

Entre las empresas que pasaron a manos del Estado están dos canales de televisión, dos radioemisoras populares de la ciudad de Guayaquil, editoriales, hoteles y firmas agrícolas, camaroneras y petroleras.

El Gobierno iniciará con un proceso de valoración de las compañías y los paquetes accionarios para determinar el valor real antes de iniciar con su venta a terceros. Los recursos servirán para cubrir las pérdidas del Filanbanco que fueron asumidas por el Estado al momento de su quiebra.

"No debe existir duda alguna que las medidas incautatorias de la AGD no obedecieron a un ningún golpe de efecto, jamás violaron la libertad de expresión como decían", agregó.

Otras 18 empresas, entre ellas la estación de televisión Gama, se encuentran en proceso de impugnación para demostrar que no tiene conexiones con el grupo Isaías.

La nueva carta magna, aprobada el 28 de septiembre con un amplio respaldo de los ecuatorianos, aumenta la presencia del Estado en sectores estratégicos de la económica, autoriza la reelección inmediata del presidente y corta el poder de los partidos y grupos políticos en las estructuras estatales.

Las empresas eran administradas por funcionarios delegados por el Gobierno al momento de su intervención. La AGD sigue incautando bienes a otros grupos económicos que participaron de la crisis bancaria.

Fuente: Reuters

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