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Jueves 26 de Noviembre
16-09-08 | Mundo Imprimir Galería
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Proceso por genocidio al prefecto opositor boliviano

Hacia una solución

  • El Gobierno y la oposición de Bolivia dijeron que esperan firmar el martes un acuerdo sobre un marco de diálogo, a fin de dar salida a una crisis política
  • que dejó un tendal de muertos y millonarias pérdidas por ataques, además de bloqueos contra la industria energética.
  • El anuncio fue hecho a las 3 del martes, al término del tercer encuentro en el Palacio de Gobierno de La Paz y horas después de que una cumbre de la Unasur en Chile diera un sólido respaldo al presidente Evo Morales, advirtiendo que no tolerará un golpe de estado en el país altiplánico. Mario Cossío, prefecto del distrito sureño de Tarija y representante de los líderes de tierras bajas que desafían al Gobierno, dijo al salir de la tercera sesión del llamado prediálogo que un documento de acuerdo estaba prácticamente
  • concertado, pendiente sólo del visto bueno de Morales.
  • "Tenemos casi casi cerrado el documento (...), faltan sólo unos detalles políticos que quisiéramos conversar con el presidente", declaró.

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La dura acusación de haber contratado sicarios peruanos y brasileños que habitarían en Brasil también cae sobre ex alcaldes y senadores de Pando

El fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, inició ayer juicio por genocidio contra el
prefecto del departamento boliviano Pando, Leopoldo Fernández, a quien responsabiliza por los violentos enfrentamientos del jueves pasado.
 
Uribe inició un proceso penal por "presunto delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta" que además alcanza al ex alcalde de Cobija -la capital de Pando- Miguel Becerra y al senador suplente opositor Abraham Cuellar, informó la agencia estatal boliviana ABI.
 
Fernández permanecía anoche en libertad, pese a que el cocalero Evo Morales había ordenado su captura el domingo pasado, según lo anunciaron entonces el vicepresidente Alvaro García Linera y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
 
El gobierno acusa al prefecto de haber financiado grupos de sicarios provenientes de Brasil y Perú, a los que imputa haber causado la mayoría de las muertes del jueves pasado, y advierte que muchos de ellos se refugiaron en territorio brasileño.
 
"Se han ido al lado brasileño; estamos haciendo las gestiones con Brasil para que puedan detener allí a las personas que estén portando armas", declaró el ministro de Defensa, Walker San Miguel. "Quiero un verdadero proceso de investigación transparente; si tengo que pagar con 30 años de cárcel, que sea producto de un proceso de investigación limpio; no me voy a correr de Pando", afirmó Fernández.
 
El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de
Bolivia (APDHB), el obispo metodista Rolando Villena, dijo a Télam
que los diez apresados "no son responsables de nada y menos de la
tenencia de armas que se le atribuye
".

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