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Lunes 30 de Noviembre
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Uribe negó ataques a la Corte Suprema

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El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, negó hoy que su gobierno esté planeando un complot contra la Corte Suprema de Justicia, después de una denuncia del titular de ese tribunal

En el día de hoy,el presidente de la Corte Suprema colombiana, Francisco Javier Ricaurte, denunció contactos entre el gobierno de Uribe y paramilitares para perjudicarlo.

La afirmación de Ricaurte surgió a raíz de la publicación en la revista Semana de reuniones entre emisarios del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo con el jefe jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y con el secretario de Prensa, César Velásquez.

Según el semanario, las reuniones se hicieron en el palacio presidencial con el fin de entregar unas supuestas pruebas sobre "presiones" de uno de los investigadores de la Corte Suprema a los paramilitares para forzarlos a mostrar evidencias de la presunta alianza de Uribe con esos grupos.

En respuesta, el mandatario colombiano afirmó hoy en conferencia de prensa: "Nosotros no tenemos interés de enlodar a los magistrados, tenemos interés de que la política contra el crimen sea una política imparcial, sin manipulación de testigos".

Uribe negó que las reuniones entre sus funcionarios y los emisarios del ex ultraderechista fueran subrepticias, y se apoyó en videos de la Casa de Gobierno en los que se ve a los hombres ingresar a la sede.

También se defendió diciendo que no se informó públicamente de la reunión porque los dos delegados de Murillo traían consigo "información irrelevante".

"Las pruebas no guardaban proporción con la afirmación que ellos hicieron" de los magistrados, dijo Uribe, quien se quejó de un intento para "enlodarlo" con "falsos testigos y testimonios", aunque no señaló al responsable de esa supuesta tentativa.

El secretario Velásquez dijo que estuvo unos minutos en una de las reuniones entre Del Castillo y el abogado, en una de las cuales también participó Antonio López, que fue paramilitar y hace pocas semanas fue asesinado.

Tras el crimen de López, las autoridades colombianas dijeron que éste seguía involucrado en actividades ilegales y que pertenecía a una temible banda de sicarios conocida como "Oficina de Envigado", que actúa al servicio de paramilitares y narcotraficantes.

Moreno Ocampo tiene previsto dialogar durante tres días con funcionarios del gobierno, las altas cortes y familiares de víctimas del conflicto armado interno, con el objetivo de establecer si en el país se requiere una intervención de la CPI.

"Lo que hacemos es analizar la existencia de procedimientos nacionales genuinos contra responsables de crímenes masivos que implican a paramilitares, políticos involucrados con ellos, a las FARC o sus conexiones internacionales de las FARC; si hay procedimientos nacionales, yo no debo intervenir", explicó Moreno Ocampo.

Las fricciones entre el gobierno de Uribe y la Corte se registran desde que el alto tribunal empezó a investigar el caso de la denominada "parapolítica", llamado así por los nexos de algunos políticos con los grupos paramilitares de extrema derecha.

La Corte Suprema vinculó al proceso a casi 70 congresistas, de los cuales 29 están presos, en su gran mayoría pertenecientes a la coalición de gobierno.

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