21-08-08 | Mundo
Uribe declaró ante el Congreso por denuncia de cohecho
El presidente colombiano declaró hoy ante la Comisión de Acusación por una denuncia en su contra por un senador opositor que asegura que el mandatario incurrió en cohecho en la enmienda que permitió su reelección en 2006
La denuncia fue interpuesta por el senador Luis Carlos Avellaneda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, a raíz de las confesiones de la ex congresista Yidis Medina sobre irregularidades ocurridas en 2004 en al menos una votación del proyecto de reforma.
Medina sostuvo que el gobierno le ofreció prebendas para apoyar la enmienda constitucional que dos años después permitió la reelección de Uribe, tras lo cual la Corte Suprema de Justicia comenzó a investigarla y hace algunas semanas la condenó a cuatro años de prisión por cohecho.
La ex congresista no estaba de acuerdo con la enmienda pero cambió de parecer en una reñida votación en un comité de la Cámara de Representantes, que permitió que la propuesta siguiera su trámite en el Congreso.
En sus declaraciones ante el Supremo, Medina involucró al ex legislador Teodolindo Avendaño, también detenido por este hecho, a quien acusó de ausentarse al momento de la votación para que los sufragios a favor de la enmienda fueran mayoría, pues éste tampoco estaba de acuerdo con el proyecto.
Según el testimonio de la política condenada, los ofrecimientos para designar a amigos suyos en cargos públicos a cambio de apoyar la reforma fueron hechos por los entonces ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, así como por el actual ministro de Protección Social, Diego Palacio.
La Fiscalía General llamó a indagatoria el martes pasado al ministro Palacio, a Velásquez y al actual secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, en fechas por definirse.
La investigación en ese organismo está a cargo del vicefiscal Guillermo Mendoza, pues el fiscal general, Mario Iguarán, se declaró impedido porque cuando ocurrieron los hechos se desempeñaba como viceministro de Justicia y su superior era Pretelt, ahora embajador en Italia.
Uribe, que acudió a la sede del Congreso en compañía de su abogado, Jaime Lombana, asegura que el gobierno no ofreció dádivas para la aprobación de la enmienda, sino que habló con varios congresistas para "persuadirlos".
El senador Avellaneda afirmó que no confía en las determinaciones que pueda tomar el triunvirato que dentro de la Comisión de Acusación instruye las pesquisas contra Uribe, pues dos de sus integrantes pertenecen a partidos de la coalición de gobierno.
Avellaneda dijo que por esta razón elevará una demanda en tribunales internacionales que brinden garantías al proceso.
"El país necesita un componente de verdad y la verdad es indispensable porque esto nos permite corregir el rumbo (...) Es necesario sanear la política y colocarle un tono de transparencia para recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y por eso necesitamos todas las garantías en nuestra denuncia", dijo Avellaneda.
Medina sostuvo que el gobierno le ofreció prebendas para apoyar la enmienda constitucional que dos años después permitió la reelección de Uribe, tras lo cual la Corte Suprema de Justicia comenzó a investigarla y hace algunas semanas la condenó a cuatro años de prisión por cohecho.
La ex congresista no estaba de acuerdo con la enmienda pero cambió de parecer en una reñida votación en un comité de la Cámara de Representantes, que permitió que la propuesta siguiera su trámite en el Congreso.
En sus declaraciones ante el Supremo, Medina involucró al ex legislador Teodolindo Avendaño, también detenido por este hecho, a quien acusó de ausentarse al momento de la votación para que los sufragios a favor de la enmienda fueran mayoría, pues éste tampoco estaba de acuerdo con el proyecto.
Según el testimonio de la política condenada, los ofrecimientos para designar a amigos suyos en cargos públicos a cambio de apoyar la reforma fueron hechos por los entonces ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, así como por el actual ministro de Protección Social, Diego Palacio.
La Fiscalía General llamó a indagatoria el martes pasado al ministro Palacio, a Velásquez y al actual secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, en fechas por definirse.
La investigación en ese organismo está a cargo del vicefiscal Guillermo Mendoza, pues el fiscal general, Mario Iguarán, se declaró impedido porque cuando ocurrieron los hechos se desempeñaba como viceministro de Justicia y su superior era Pretelt, ahora embajador en Italia.
Uribe, que acudió a la sede del Congreso en compañía de su abogado, Jaime Lombana, asegura que el gobierno no ofreció dádivas para la aprobación de la enmienda, sino que habló con varios congresistas para "persuadirlos".
El senador Avellaneda afirmó que no confía en las determinaciones que pueda tomar el triunvirato que dentro de la Comisión de Acusación instruye las pesquisas contra Uribe, pues dos de sus integrantes pertenecen a partidos de la coalición de gobierno.
Avellaneda dijo que por esta razón elevará una demanda en tribunales internacionales que brinden garantías al proceso.
"El país necesita un componente de verdad y la verdad es indispensable porque esto nos permite corregir el rumbo (...) Es necesario sanear la política y colocarle un tono de transparencia para recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y por eso necesitamos todas las garantías en nuestra denuncia", dijo Avellaneda.
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