Empresas demandarán a Bolivia por estatizaciones

De todas maneras, el Ejecutivo confía en que terminará pagando mucho menos, dijo señaló este martes el gobierno izquierdista.

El detalle de los desafíos legales y costos económicos de las estatizaciones fue divulgado cuando faltan menos de cuatro semanas para que Morales ponga en juego su "revolución democrática y cultural" en un referendo revocatorio de mandato.

Tras confirmar reportes coincidentes de los diarios locales La Razón y La Prensa, el portavoz de un recién creado ministerio para defender los procesos confiscatorios dijo que todavía es muy pronto para calcular el costo de las eventuales indemnizaciones, porque ello depende de procesos legales y negociaciones.

"Los montos señalados en algunas demandas son sólo aspiraciones de las empresas, de ahí dista mucho a lo que efectivamente se vaya a pagar, si se paga", dijo el vocero del Ministerio de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Adalid Cabrera.

El funcionario ratificó lo dicho ayer por el titular de la cartera, Héctor Arce, en el sentido de que Bolivia se defenderá de las compañías extranjeras "como corresponde, con la máxima idoneidad, con la máxima eficiencia jurídica, sin nunca desechar la mesa de diálogo, la conciliación".

Los diarios dijeron que el grupo de inversiones Ashmore Energy International exigió al Estado boliviano, mediante una demanda en un tribunal de Estocolmo, un resarcimiento de 500 millones de dólares por su participación de un 50 por ciento en la operadora de ductos Transredes, nacionalizada el mes pasado.

En tanto, el gigante de las telecomunicaciones Telecom Italia presentó otra demanda, por 350 millones de dólares, ante el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por su participación del 50 por ciento en la telefónica Entel, que el Gobierno de Morales estatizó el 1 de mayo.

Los diarios agregaron que el Gobierno negociaba compensaciones con el grupo suizo Glencore, por la confiscación del complejo metalúrgico Vinto en el 2006, y con Graña Montero de Perú y Oil Tanking de Alemania, que controlaban hasta mayo una empresa de almacenamiento de hidrocarburos.

Completan el cuadro una demanda por 40 millones de dólares interpuesta por la empresa chilena Quiborax, tras la anulación de su concesión para explotar el salar de Uyuni, y otra por 35 millones de dólares de un consorcio internacional que participa en el gasoducto Bolivia-Brasil, por conflictos tributarios.

Cabrera dijo que el ministro Arce visitará esta semana la sede del CIADI en Washington para ratificar la decisión boliviana de no aceptar un arbitraje de ese organismo, dependiente del Banco Mundial, planteado por Telecom Italia.

"Bolivia cuestiona no sólo el fondo de la demanda ante el CIADI, sino también el procedimiento de registro de esa demanda de Telecom", agregó Cabrera, recordando que La Paz renunció al organismo de arbitraje.

Sobre la exigencia de 500 millones de dólares hecha por Ashmore, el portavoz insistió en que "es sólo un monto elevado, puesto para iniciar una negociación". Ashmore, que controlaba Transredes en sociedad con la anglo-holandesa Shell, rechazó vender a la estatal YPFB una participación del 2,66 por ciento para que la empresa boliviana tomara el control de la operadora de ductos.

El Gobierno boliviano dijo que por esta razón decidió estatizar todo el paquete accionario de Ashmore y Shell, con lo que YPFB se quedó con el 97,3 por ciento de Transredes.