El presidente ecuatoriano intervino días atrás 195 empresas de un grupo ecuatoriano, entre ellas tres emisoras televisivas. Analistas políticos entienden que el propósito es influir para ganar un referéndum crucial

De acuerdo con el gobierno, la confiscación de TC-Televisión, Gamavisión y Cablevisión , pertenecientes al Grupo Isaías, apuntó a hacer justicia con los acreedores de esas firmas. Así, argumentan que se buscará recuperar los u$4.661 millones supuestamente malversados por el Grupo.
Ante el accionar del gobierno ecuatoriano, los representantes de Isaías sostienen que la forma en que fueron confiscadas las emisoras representa todas las características de un brutal ataque a la libertad de prensa.
En este camino, el especialista Andrés Oppenheimer, en un artículo de opinión a La Nación, explica que si el objetivo de la gestión Correa hubiese intentado un movimiento puramente financiero, como dice, entonces debió haber recurrido a una empresa contable que pusiera al frente de ellas a un director independiente.
Por el contrario, el populista mandatario ecuatoriano designó director de los canales confiscados a Enrique Arosemena Robles, quien se desempeña como titular de la emisora gubernamental.
Otro dato curioso es que la administración Correa no sabe bien quiénes son los verdaderos propietarios de los canales confiscados. Por ello, ahora iniciará los procedimientos legales para determinar quiénes son los dueños de las señales. Eso podría llevar meses o años.
Hasta que no haya una resolución judicial, el gobierno controlará tres de las emisoras que tratan temas políticos y se encuentran entre las más vistas. Justo en vísperas de un referéndum para la Asamblea Constituyente en la que el jefe de Estado aparece un tanto complicado en las encuestas.
Todo el propósito de esto fue apoderarse de las emisoras de TV, porque Correa estaba cayendo en las encuestas y necesitaba reforzar su apoyo para un referéndum que está perdiendo respaldo público, cuenta Oppenheimer que le habría dicho Estáfano Isaías, un hermano de los supuestos propietarios, que no está involucrado en los escándalos.