País Vasco validó consulta que rechaza Zapatero

"En el siglo XXI, los ciudadanos esperan ser consultados habitualmente", manifestó el jefe de gobierno de la región, Juan José Ibarretxe, al defender su proyecto, que el Ejecutivo central impugnará inmediatamente ante el Tribunal Constitucional, según reiteró el viernes en Madrid la vicepresidente primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.

Ibarretxe sacó adelante su proyecto gracias a un voto de los proetarras del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) que, como ya había anunciado la víspera, rompió el empate entre los 33 apoyos con los que contaba el jefe del gobierno regional vasco y los 33 votos que sumaron juntos el Partido Socialista (PSOE) de Zapatero y el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. El resto de los parlamentarios del PCTV, contra el que hay abierto un proceso de ilegalización en el Tribunal Supremo, se abstuvo.

"Quien intente impedirla (la consulta), hará un flaco favor a la sociedad vasca y lo hará en vano", manifestó el jefe del gobierno vasco, refiriéndose a socialistas y populares.

A través de la Abogacía del Estado, el Ejecutivo central impugnará la consulta ante el Tribunal Constitucional una vez sea publicada su convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco. La corte la dejará en suspenso durante cinco meses, plazo en el que decidirá sobre su legalidad que va más allá del 25 de octubre, la fecha prevista para el referéndum.

En él, el gobierno vasco pretende plantear dos preguntas, una sobre el apoyo a un "proceso de final dialogado de la violencia" de ETA y otra sobre "un proceso de negociación" de todos los partidos vascos de cara al "ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco", una fórmula que apunta a la autodeterminación.

"Si legítimo es plantear y aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento vasco, también lo es impugnar esa iniciativa" ante el Tribunal Constitucional, manifestó la vicepresidente De la Vega, quien añadió que la obligación del gobieno es "cumplir y hacer cumplir" la Constitución.

El gobierno, el PSOE y el PP, que también presentará un recurso ante el Constitucional, consideran que el referéndum de Ibarretxe es ilegal, ya que la Constitución española no otorga competencias ni al "lehendakari" ni al Parlamento regional vasco para la convocatoria de referendos sin la autorización previa del Estado.