Será sometido a un proceso penal por haber neutralizado al Tribunal Constitucional, dejándolo sin miembros para sesionar

La única magistrada que queda del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, anunció hoy que el vicepresidente de Bolivia irá a juicio penal por su accionar contra ese organismo y por otras faltas graves al código penal.
La Fiscalía General de la República remitió la acusación a la Corte Suprema de Justicia, quien debe aprobar la acusación en el Congreso Nacional, para aprobar la continuación del proceso legal.
Aunque el oficialismo cuenta con mayoría en las cámaras, la misma es relativa y no absoluta, algo que permitió por ejemplo que un opositor hoy se encuentre al frente del Senado. Por lo tanto, no le será fácil al MAS archivar la acusación en el Congreso, a pesar de tener el control en la Cámara baja.
Salame indicó que también que la acusación es por emitir contrarias a la actual Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y neutralizar el ejercicio en funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional.
También indicó que "el estado de acefalía institucional ha llevado a Bolivia a una situación que se aproxima a la anarquía, la misma que es totalmente atribuible al presidente del Congreso, Álvaro García Linera".
Sucede que la Cámara de Diputados inició procesos a tres de cinco de los miembros del Tribunal quienes debieron dejar su puesto, por la constante presión del oficialismo. A su vez, un cuarto magistrado abandonó su cargo, lo que constituyó cuatro renuncias en cinco meses.
Hoy día, al no contar con quórum suficiente, dado que tampoco se han otorgado nuevas asignaciones de magistrados para el organismo, ha quedado inhabilitado para consultas legales, entre ellas el referendo autonómico de la oposición convocado para el 4 de mayo.
Justamente es el Congreso el encargado de nombrar los nuevos magistrados, algo que es "un mandato imperativo (y) obligación ineludible" y no "una facultad discrecional" aseveró la magistrada.
Fuente: DPA y EFE