La norma establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad en forma clara, comprensible, completa y confidencial, señala un despacho de la agencia Ansa.

La iniciativa también instituye el derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a las creencias o formación de cada uno, los métodos de regulación de la fertilidad femenina y masculina, que cuenten con la debida autorización y, del mismo modo, acceder efectivamente a ellos.

En caso de que el método anticonceptivo de emergencia sea solicitado por una persona menor de 14 años, el funcionario o facultativo responsable, en el sistema público o privado de salud, deberá entregar el medicamento e informar luego al padre, la madre o al adulto responsable.

La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carmen Andrade, sostuvo que la aprobación del proyecto pone fin a la discriminación entre las mujeres pobres y las de buena situación económica.

"Esta ley permite la distribución de la píldora en todos los consultorios del país, lo que hoy día estaba restringido porque solo era posible adquirirla en las farmacias, es decir, las personas que tenían recursos económicos sí podían adquirirlas, y no así las personas de los sectores pobres", manifestó.

La entrega de la píldora deberá volver a ser analizada por el Tribunal Constitucional, pues el diputado Rodrigo Alvarez, del partido derechista Unión Demócrata Independiente, anunció minutos después de su aprobación que pedirá la revisión del texto.

La impugnación de Alvarez está vinculada con una indicación ingresada por el Senado para que las personas menores de edad reciban clases de educación sexual de acuerdo al "proyecto educativo" de cada colegio.

Entre otras cosas, esto significa que las escuelas católicas no se verán obligadas a suministrar información sobre el uso del preservativo.