La imprudencia de los colectiveros a la hora de manejar ese tipo de vehículos es cada vez mayor y la situación se agrava debido a la falta de penas fuertes o ejemplificadoras para los que cometan un homicidio, ya que sólo se condena el 10 por ciento de estos delitos.

En ese sentido, un estudio elaborado por el gobierno porteño determinó que sobre 41 casos ocurridos desde 2007 sólo cuatro recibieron algún fallo, aunque no los esperados por los familiares de una víctima fatal.

Dos de los colectiveros recibieron penas en suspenso, mientras que los dos restantes, condenados a efectuar tareas comunitarias.

El abogado Gregorio Dalbón indicó a diario Clarín que "en general no hay un querellante que apele los sobreseimientos" de los choferes, y lo atribuyó  a "una falta de interés de las familias o escasez de recursos para afrontar los gastos" para pagarle a un letrado.

Asimismo, en el proceso judicial, se minimizan estas causas al considerarlas "casos menores", por lo que los abogados hacen mayores esfuerzos en el proceso civil, que deja mayores dividendos.

Los choferes sobreseidos en primera instancia se da en una gran cantidad de casos y por eso la falta de interés del o los damnificados en apelar el fallo provocan la liberación del conductor.

Según ese informe, en general son muy pocos los colectiveros que van preso, situación que se da sólo cuando pasaron escasos días del hecho por el que se lo demandó.