La elevación al Tribunal Superior se habría realizado ayer, y en ella la procuración general de Chubut fallaría a favor de la realización del aborto en un hospital público a una adolescente embarazada de su padrastro tras una violación, informó el sitio web La Jornada.

Jorge Miguelarena, el procurador, habría realizado una ronda importante de consultas médicas y jurídicas antes de emitir una resolución favorable. No obstante, ya habría tenido una opinión formada al respecto.

En la resolución, de 8 carillas, Miguelarena habría citado jurisprudencia respecto de las interpretaciones del artículo 86 del Código Penal, que es el que establece en qué casos puede practicarse un aborto no punible (cuando corre riesgo la vida de la madre y en los casos de violación a una mujer idiota o demente).

"(Una) lectura restrictiva de la despenalización del aborto en caso de violación sería equivalente a depositar una carga a la mujer a la que se le ha impuesto violentamente el embarazo, disposición que a todas luces resulta incompatible con un sistema jurídico liberal como el argentino que no impone jamás deberes heroicos", habría señalado en el fallo. En ese sentido, aconseja atender el aborto en aquellas mujeres embarazadas como consecuencia de un delito contra su integridad sexual.

También habría opinado que, si bien se trata de una vida inocente, "también es inocente la mujer violada".

Así, la procuración autorizaría el aborto, pero con una aclaración fundamental: los riesgos médicos que corre la víctima por su avanzado estado de gestación quedarán en manos de los especialistas que realicen el aborto.

Se estima que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los jueces José Luis Pasutti, Daniel Caneo y Fernando Royer y a cargo de la decisión final, acompañará esta determinación.

La adolescente, de 15 años, denunció que desde los 11 sufre reiterados abusos sexuales por parte de la pareja de su madre, un suboficial mayor de la Policía de Chubut.

Tras quedar embarazada y conocer lo sucedido, la madre solicitó una autorización a la Justicia para que el aborto fuera realizado en el sistema público de salud, y de ese modo resguardar el material genético para probar la violación de su pareja.

Sin embargo, el 16 de febrero la Justicia Civil de Primera Instancia denegó el acceso al aborto legal de la niña, y diez días después, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Comodoro Rivadavia ratificó la sentencia.

Desde la Asociación por los Derechos Civiles señalaron que el reclamo de la niña chubutense cuenta con el aval del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, del Inadi y del Consejo Nacional de la Mujer, entre otras organizaciones, informó la agencia de noticias DyN.