La estrategia judicial de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans para el reconocimiento del derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo comenzó en 2007, pero fue recién en 2009 que la discusión alcanzó un punto de "no retorno", cuando los líderes de las principales fuerzas políticas se pronunciaron públicamente sobre el tema.

El casamiento de Alex Freyre y José María di Bello, en Usuhaia, el 28 de diciembre, y las circunstancias que lo rodearon, fueron el punto de máxima exposición, pero durante el año hubo varios capítulos, que involucraron a las comisiones de Familia, Mujer y Adolescencia y Legislación General de Diputados, a la Justicia Nacional y porteña, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Corte Suprema, y que prometen continuar en 2010.

En el ámbito judicial, el 19 de febrero de 2009 llegó a la Corte, bajo el número de expediente 43/2009, el amparo de Alejandro Vannelli y Ernesto Larrese, quienes en junio de 2007 intentaron contraer matrimonio y recibieron la negativa del Registro Civil. La causa se sumó a la de María Rachid y Claudia Castro, dirigentes de la Federación Argentina LGBT, quienes al no poder casarse en febrero de 2007 se presentaron a la Justicia. Ambos amparos apuntan a declarar la inconstitucionalidad de los artículo 172 y concordantes del Código Civil, sobre la base de los tratados internacionales de rango constitucional suscriptos por la Argentina.

El amparo de Rachid y Castro llegó al máximo tribunal el 26 febrero de 2008, bajo el número de expediente 90/2008, y en agosto de este año obtuvo un dictamen del procurador general Esteban Righi en el que señaló que "ninguna solución sana ha de venir por la vía del desconocimiento de la realidad que viven estos conciudadanos".

Tras el dictamen de Righi, la causa comenzó a circular entre los jueces de la Corte. El 1º de diciembre, el ministro más antiguo del tribunal, Carlos Fayt, aseguró que el pedido de reconocimiento del matrimonio gay "no nos es extraño" y adelantó que "la Corte Suprema va a resolver sobre la cuestión que se plantea, porque ya tiene plateando el caso". "La Corte tiene su propio tiempo, pero deseo que se sepa que está tratando el asunto con la responsabilidad y el cuidado que le son propios", agregó.

En el mismo sentido, el 28 de diciembre, el ministro Enrique Petracchi aseguró que “hay varios ministros” que "ya tienen su voto hecho sobre el matrimonio homosexual" y que el fallo estará listo el año próximo.

Sin embargo, fue la jueza Gabriela Seijas, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 de la Capital Federal, quien reavivó la polémica cuando, el 10 de noviembre, en un fallo sin precedentes en la Justicia argentina, reconoció el derecho a contraer matrimonio de Alex Freyre y José María di Bello.

Contrariamente a los pronósticos, el 14 de noviembre el jefe de gobierno Mauricio Macri anunció que no apelaría el fallo, por lo que la decisión de Seijas quedó firme y Freyre y Di Bello quedaron habilitados para concurrir al Registro Civil. El jefe de gobierno porteño aseguró en ese entonces que, "sopesando" su formación y su historia, decidió respetar la "libertad y el derecho de la gente a ser feliz en base a sus propias decisiones". "Siento que esto es un paso adelante para aprender a vivir en libertad sin vulnerar los derechos de los otros", dijo Macri y confesó que "mucha gente, incluso dentro del PRO" no estaba contenta con su decisión. Días después, el 25 de noviembre, su decisión le valió un reto del cardenal Jorge Bergoglio.

El matrimonio no se celebró el 1º de diciembre, fecha prevista para su realización, pues un día antes la Justicia Civil Nacional concedió dos medidas cautelares impulsadas por diferentes asociaciones de abogados católicos. De todos modos, Freyre y Di Bello habían prometido que iban a terminar el año casados, y así lo hicieron el 28 de este mes, tras la autorización de la gobernadora fueguina Fabiana Ríos.

En el ámbito legislativo, por primera vez dos proyectos que impulsaban la modificación de los artículos 172 y concordantes del Código Civil para permitir las uniones entre personas del mismo sexo lograron tratamiento parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación.

El 30 de octubre, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia comenzó a discutir los proyectos impulsados por Silvia Augsburger, del Partido Socialista, y Vilma Ibarra, del Encuentro Popular y Social, aunque tras tres reuniones plenarias, el 10 de noviembre no se llegó a un dictamen positivo por la ausencia del Frente para la Victoria.

En esa oportunidad, el Congreso se encontraba discutiendo leyes prioritarias para el Gobierno, como la de Presupuesto, reapertura del canje de deuda y la reforma política. Además, Cristina Kirchner estaba próxima a viajar al Vaticano por lo que el oficialismo prefirió aplazar para el año próximo el tratamiento de una medida tan polémica.

Tras el recambio parlamentario de diciembre, todo indica que la nueva conformación del Congreso reactivará la discusión legislativa sobre el matrimonio homosexual. En ese sentido, los principales referentes políticos de Diputados ya han adelantado que, de uno u otro modo, apoyarán el reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo.

Así, en una entrevista con C5N, el diputado y ex presidente Néstor Kirchner dijo el 29 de diciembre que está "a favor de todo lo que sea aumentar los derechos civiles". Pocas horas antes, por Radio 10, la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, coautora de uno de los proyectos, contó que "Kirchner dio razones por las cuales apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo" en una reunión de diputados oficialistas y que eso "es un muy buen impulso". También, el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, reconoció que el tema “seguramente” estará en la agenda legislativa.

Por su parte, la diputada Elisa Carrió, jefa del bloque de la Coalición Cívica, manifestó que debería haber una figura de "unión civil nacional para todas y todos, sean heterosexuales u homosexuales, y dejar el término de matrimonio solamente al plano religioso". Aunque sostuvo que dentro de la CC habrá libertad de acción, en principio serían varios los diputados del bloque de la CC que apoyarían la medida.

En cuanto a la UCR, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Ricardo Alfonsín, dijo que "es una cuestión muy particular y de conciencia que debe resolver cada uno", pero agregó que su opinión "es que debemos reconocerle a las parejas gay los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual. Es injusto que no gocen de pensiones, que no gocen de jubilaciones o de derecho a la herencia”.

Desde el peronismo disidente, el diputado y ex gobernador de Buenos Aires Felipe Solá se expresó favorable a la propuesta de Carrió, reconociendo que "el Estado debe permitir que se unan legalmente dos seres del mismo sexo; el Estado no tiene derecho a cercenar los deseos de nadie en nombre de supuestas tradiciones", pero haciendo una salvedad: “Estoy de acuerdo con la idea de la unión civil, esta idea que separa la palabra matrimonio, que tiene una carga milenaria, heterosexual y tradicionalmente vinculada a lo religioso", agregó.

En el PRO, Gabriela Michetti despertó la polémica al retractarse de sus dichos durante la campaña, cuando había prometido votar a favor del matrimonio. "En realidad quería decía unión civil", argumentó. Por su parte, el diputado Francisco de Narváez, de Unión-PRO, se manifestó abiertamente en contra de la medida.

Otros referentes del Parlamento como Martín Sabbatella, Pino Solanas y el bloque completo del Partido Socialista ya han anticipado su apoyo.

Al término de 2010, aún no se ha definido quién presidirá la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia de la Camara baja. Las diputadas Claudia Rucci, del PRO, y Cynthia Hotton, del conservador monobloque de Valores para mi país, una ferviente opositora de los derechos de gays y lesbianas, son quienes pelean por la titularidad de la comisión donde el debate podría encontrar otro escollo.

En cualquier caso, es seguro que en 2010 la Corte Suprema de Justicia emitirá un fallo al respecto -que, se especula, será favorable al reconocimiento del derecho a casarse- y parece difícil que el año próximo termine sin una ley que reconozca el matrimonio o la unión civil.