Gustavo Torres, quien está siendo juzgado por la tragedia en el boliche de Once, dijo que la normativa sobre inspecciones era "imprecisa", según la declaración indagatoria leída hoy

Torres, ex director general de Control y Fiscalización para la época de la tragedia, aseguró que nunca llegaron a su conocimiento denuncias relacionadas con Cromañón, y que tampoco se recibieron quejas de particulares, por eso no se realizaban inspecciones allí.
Según el ex funcionario, la normativa para esa época era "escasa e imprecisa", porque no determinaba cada cuánto debían efectuarse los controles.
Según la lectura de una declaración que realizó en 2005, el acusado manifestó que se había derogado la norma que obligaba a clausurar los locales cuando tenían el certificado de bomberos vencido.
Luego manifestó que las irregularidades detectadas en Cromañón eran contravenciones y que era la Justicia la que debía controlarlas. Los tres ex funcionarios que llegaron al juicio están acusados del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Otra ex funcionaria acusó a la Defensoría de la Ciudad
En la sexta audiencia del juicio oral que se sigue por el incendio que en 2004 provocó 194 muertos en el boliche República Cromañón, que se caracteriza por escasa presencia de familiares de las víctimas, se leyó una declaración presentada en 2005 por la ex funcionaria en la que apuntó contra Alimena.
"Tengo la certeza de que Alimena me ocultó información, porque recibía mensualmente un informe de la Superintendencia de Bomberos sobre los boliches clase C y nunca me lo mandaba. A Alimena le interesa beneficiarse políticamente y estaba ligado al macrismo", acusó la ex subsecretaria de Control Comunal del Gobierno porteño.
Agregó que el defensor adjunto, que continúa en su cargo, "tenía relación con empresas que asesoraban a los bomberos".
"Si yo hubiera tenido información de Alimena, hubiera actuado en consecuencia", señaló aunque se encargó de remarcar varias veces que las inspecciones debían ser ordenadas por la Dirección General bajo su órbita y no por su Subsecretaría.
En mayo de 2004, Alimena difundió en la prensa un informe en el que alertaba que la mayoría de los locales bailables de la Capital Federal tenían en certificado de bomberos vencido y, a partir de allí, se enviaron intimaciones.
Según declaró el lunes pasado Ana María Fernández, ex directora general de la Subsecretaría a cargo de Fiszbin, Cromañón respondió a esa intimación enviando documentación en regla, por lo que no se lo incluyó entre los locales a inspeccionar.
Además de culpar a Alimena, la ex funcionaria lo acusó de haber ocultado información a "distintas oficinas" a su cargo y a la Seccional Séptima con jurisdicción en Cromañón, que "nunca mandó un alerta" pese a que sabía que se realizaban recitales porque siempre cortaba el tránsito en la zona.
Tras la declaración de Fiszbin, que había quedado pendiente del viernes pasado, se leerá la prestada por otro ex director general, Gustavo Torres, que también se negó a declarar cuando fue convocado por el tribunal.