14-08-08 | General
La Ley de Obesidad podría subir las cuotas de prepagas
La ministra de Salud, Graciela Ocaña, aseguró que tendrán que "discutir" con las empresas de dónde saldrá el dinero que se utilizará para la cobertura de los trastornos alimentarios
Ocaña admitió hoy que la cobertura de tratamientos vinculados a los trastornos alimentarios "seguramente tiene un impacto en los costos de las obras sociales y las prepagas", pero señaló que hay que "discutir" este tema, frente a la preocupación expresada por las empresas de medicina privada ante este nuevo escenario.
El Senado de la Nación aprobó ayer por unanimidad y convirtió en ley un proyecto que obliga a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a dar cobertura a enfermedades originadas en trastornos alimentarios como la obesidad, la bulimia y la anorexia.
En declaraciones a una emisora radial porteña, Ocaña fue consultada sobre la inquietud que manifestó el sector acerca de que la obligatoriedad de cubrir estos tratamientos incrementará los costos de la cobertura y que, esto, se traduciría en un aumento de la cuota que paga el asociado.
"Por supuesto que la cobertura de nuevas patologías seguramente tiene un impacto en los costos de las obras sociales y las prepagas", reconoció la ministra, pero destacó que "lo que tenemos que discutir es cómo se formulan esos costos".
En ese sentido, Ocaña recordó su paso como interventora del PAMI, al indicar que si bien era una obra social "históricamente deficitaria, nosotros demostramos que haciendo compras eficientes, uniendo prestadores en una proporción, haciendo inversiones que tengan que ver con precios lógicos se puede estabilizar y se puede administrar perfectamente".
"Nosotros vamos a estudiar" este aspecto, añadió, y respecto a la cuota que paga el asociado destacó que en el "Congreso también se está propiciando una ley que regule esta relación de las prepagas, que a veces no está hoy legalmente establecida".
Ocaña se refirió así al proyecto de regulación de la medicina prepaga que impulsa el Gobierno nacional, por el cual las empresas que brindan este servicio deberán ser autorizadas a aumentar sus cuotas, entre otras medidas restrictivas.
La iniciativa, entre otras cosas, impide el aumento de cuotas a los mayores de 65 años.
El proyecto sancionado ayer por el Senado declara de "interés nacional" la prevención y control de los trastornos alimentarios -como la obesidad, la bulimia y la anorexia- y contempla una asistencia integral y una rehabilitación de los pacientes, que incluye además sus enfermedades derivadas y las medidas que eviten su propagación.
La norma regula la comercialización, publicidad y promoción de alimentos de bajo aporte nutricional cuando éstos sean acompañados con juguetes, premios y demás incentivos que promuevan su consumo por parte de los niños.
La legislación fija condiciones para la calidad de los productos promocionados como de bajas calorías y establece que los alimentos con alto valor calórico deberán llevar la leyenda: El consumo excesivo es perjudicial para la salud.
Por otra parte, prohíbe que los medios publiquen dietas o métodos para adelgazar sin respaldo de un profesional, contiene medidas consideradas antidiscriminatorias por los que sufren trastornos alimentarios y establece los lineamientos para la realización, desde el Estado, de campañas de difusión dirigidas a la población, hacia grupos de riesgo en particular.
El Senado de la Nación aprobó ayer por unanimidad y convirtió en ley un proyecto que obliga a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a dar cobertura a enfermedades originadas en trastornos alimentarios como la obesidad, la bulimia y la anorexia.
En declaraciones a una emisora radial porteña, Ocaña fue consultada sobre la inquietud que manifestó el sector acerca de que la obligatoriedad de cubrir estos tratamientos incrementará los costos de la cobertura y que, esto, se traduciría en un aumento de la cuota que paga el asociado.
"Por supuesto que la cobertura de nuevas patologías seguramente tiene un impacto en los costos de las obras sociales y las prepagas", reconoció la ministra, pero destacó que "lo que tenemos que discutir es cómo se formulan esos costos".
En ese sentido, Ocaña recordó su paso como interventora del PAMI, al indicar que si bien era una obra social "históricamente deficitaria, nosotros demostramos que haciendo compras eficientes, uniendo prestadores en una proporción, haciendo inversiones que tengan que ver con precios lógicos se puede estabilizar y se puede administrar perfectamente".
"Nosotros vamos a estudiar" este aspecto, añadió, y respecto a la cuota que paga el asociado destacó que en el "Congreso también se está propiciando una ley que regule esta relación de las prepagas, que a veces no está hoy legalmente establecida".
Ocaña se refirió así al proyecto de regulación de la medicina prepaga que impulsa el Gobierno nacional, por el cual las empresas que brindan este servicio deberán ser autorizadas a aumentar sus cuotas, entre otras medidas restrictivas.
La iniciativa, entre otras cosas, impide el aumento de cuotas a los mayores de 65 años.
El proyecto sancionado ayer por el Senado declara de "interés nacional" la prevención y control de los trastornos alimentarios -como la obesidad, la bulimia y la anorexia- y contempla una asistencia integral y una rehabilitación de los pacientes, que incluye además sus enfermedades derivadas y las medidas que eviten su propagación.
La norma regula la comercialización, publicidad y promoción de alimentos de bajo aporte nutricional cuando éstos sean acompañados con juguetes, premios y demás incentivos que promuevan su consumo por parte de los niños.
La legislación fija condiciones para la calidad de los productos promocionados como de bajas calorías y establece que los alimentos con alto valor calórico deberán llevar la leyenda: El consumo excesivo es perjudicial para la salud.
Por otra parte, prohíbe que los medios publiquen dietas o métodos para adelgazar sin respaldo de un profesional, contiene medidas consideradas antidiscriminatorias por los que sufren trastornos alimentarios y establece los lineamientos para la realización, desde el Estado, de campañas de difusión dirigidas a la población, hacia grupos de riesgo en particular.
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