Quieren que se revea la prisión domiciliaria de los acusados de delitos graves

Frente a Gerardo Rozín, en 23 minutos, Ricardo Casal, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, habló sobre la decisión del juez Nicolás Schiavo de otorgarle prisión domiciliaria a Ángel Fernández, uno de los acusados por el cuádruple crimen de Campana, pese a que éste fue condenado a 25 años de cárcel por "robo reiterado en tres ocasiones con homicidio y lesiones gravísimas seguidas de muerte" y a que, cuando gozaba de libertad condicional, cometió tentativa de robo y fue detenido por portación de arma de uso civil.
 
"Nosotros bregamos porque el régimen de morigeración debe estar dirigido a mujeres embarazadas, con hijos menores de cinco años, ancianos y enfermos terminales irreversibles. Cuestiones humanitarias", explicó.
 
Así, agregó que la ley "no es que fracasa, (sino que) puede haber un exceso como en el caso de Schiavo. Él falla en su aplicación, la ley está clara".
 
A su vez, Casal indicó que, sobre poco más de 300 beneficiarios de la morigeración de detención a través del sistema de pulsera electrónica, existen 22 casos cuestionables, otorgados a imputados de homicidios, violación y tortura seguida de muerte.
 
De esta forma, tal cual lo había dicho en horas de la tarde, señaló: "Hicimos una presentación ante fiscales generales de los 22 casos (14 por violación, 3 por promoción de prostitución de menores de edad, 3 por homicidio, 1 por doble homicidio y el último por torturas seguida de muerte, "uno de los delitos más graves del Código Penal"), pidiendo que se revea la medida ante los jueces, porque es peligroso el arresto domiciliario, que no es otra cosa que una barrera moral".
 
"Pedimos a los fiscales que intervengan", dijo.
 
Finalmente, también comentó que le parece correcto el pedido de Guido Lorenzino para que el Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura bonaerense investigue al magistrado que benefició al presunto autor de la Masacre de Campana.