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Domingo 22 de Noviembre
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La Justicia nacional será la encargada de la nueva ley contra las picadas

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El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señaló que la nueva norma que entiende como delito cualquier situación de riesgo potencial no podrá ser aplicada por magistrados y fiscales de la Ciudad

La Ley 26.362, sancionada recientemente por el Parlamento y que modificó el Código Penal de la Nación, tendrá su aplicación en manos de la Justicia ordinaria, y no de la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explicó hoy el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández.

Para evitar que esto ocurra, el funcionario dictó la Resolución 1633/08, en la que instruye a los miembros de las Fuerzas de Seguridad en la aplicación del artículo 193 bis del Código Penal.

Esta nueva ley introduce la figura de "peligro abstracto", es decir, aquellos delitos en los que no hace falta que el daño sea cometido. Gracias a esta norma, la Justicia puede caer con un peso mayor sobre las picadas, porque cualquier situación que atente contra la vida y la integridad física de las personas -más allá de la picada propiamente dicha o la conducción a alta velocidad por las calles de la ciudad- puede ser sancionada.

Ante tamaña herramienta, el ministro sostuvo que la única que puede llevar adelante procesos de este tipo es la Justicia ordinaria, y no los magistrados de la Ciudad, dado que, de hacerlo, estarían rompiendo varias leyes.

Una de las normas que estaría siendo violada de efectivizarse la intromisión es la Ley 24.121, que es la que organiza el Poder Judicial de la Nación. La otra es la 24.588, conocida como "Ley Cafiero", que garantiza los intereses del Estados Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal cual lo establece el artículo 129 de la Constitución.

A su vez, los artículos 18 y 120 de la Carta Magna también estarían siendo lesionados. En ellos, se establece que los únicos encargados de la persecución penal pública deben ser los magistrados y fiscales federales en el orden federal nacional y los magistrados y fiscales criminales de instrucción y correccional en la Ciudad, informó el diario Clarín.

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