Mañana se conocerá la suerte de los ocho acusados por el secuestro, tortura y muerte de cuatro militantes. El gobernador Schiaretti estará en la sala. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora piden perpetua y cárcel común

Está previsto que en la Sala de Audiencias de Tribunales Federales del Tribunal Oral N° 1, donde mañana se leerá la sentencia, estarán presentes varios funcionarios locales, provinciales y nacionales.
El gobernador Juan Schiaretti; el intendente Daniel Giacomino; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; la rectora de la UNC, Carolina Scotto; el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino; el viceintendente, Carlos Vicente; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y la titular de Madres, Hebe de Bonafini, más decenas de legisladores nacionales y provinciales, y concejales confirmaron su presencia, informó La Mañana de Córdoba.
La última jornada del juicio comenzará alrededor de las 9:30, cuando el presidente del Tribunal, Jaime Díaz Gavier, ofrezca a los imputados el derecho de última palabra. La sentencia se conocerá cerca de las 16:30.
En los alrededores del Tribunal se montará un fuerte operativo de seguridad. Se espera la presencia de más de cinco mil manifestantes.
"La condena tiene que ser muy dura"
La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, pidió hoy "prisión perpetua y cárcel común" para el represor Luciano Benjamín Menéndez.
"La condena tiene que ser muy dura porque las pruebas son irrefutables", señaló Cortiñas a Télam, a pocas horas de la sentencia.
Y agregó: "Las madres seguimos insistiendo para que los juicios se realicen por centros clandestinos y no en forma individual, para que la Justicia no sea tan lenta".
Desestiman "coimas" a jueces y fiscales
Para el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, las manifestaciones de Jorge Agüero, defensor de Jorge Acosta, fueron "temerarias". En declaración testimonial, el magistrado ratificó sus declaraciones a una radio local: que la jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk recibieron "coimas" durante la tramitación de la causa.
Agüero aseguró que la causa se había "financiado ilícitamente desde la máxima autoridad presidencial" y ejecutado "a través del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde", informó La Voz del Interior.
Sin embargo, el fiscal no tuvo en cuenta las acusaciones, porque sostuvo que el defensor "no ha podido precisar (...) ningún tipo de circunstancia que avale las gravísimas y temerarias imputaciones realizadas; sólo se trata de lo que la doctrina denomina 'denuncias genéricas', cuyo destino inexorablemente será el de la desestimación".
Vidal Lascano tampoco hizo lugar a las "amenazas a testigos" denunciadas por este magistrado. Según Agüero, éstas provendrían de "un grupo de contrainteligencia de la Side que estaría operando en Córdoba".