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Sigue el debate por la prisión domiciliaria de embarazadas

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Voces del derecho, la política y las ciencias sociales se pronunciaron a favor de esta posibilidad para cumplir las condenas. También incluyen a las madres con hijos menores. La Comisión de Justicia del Senado trató hoy el tema, pero no salió el dictamen

Christian Veronelli (Infobae.com)  

El abogado penalista Marcos Azerrad presentó, el 17 de junio, una nota dirigida al presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital, doctor Jorge Rizzo.

Allí, solicita el "pronunciamiento sobre prisión domiciliaria en beneficio de mujeres detenidas con hijos menores de cinco años" y que el Colegio haga conocer su posición al Congreso Nacional.

En la nota, se menciona el proyecto de Ley para ampliar la prisión domiciliaria a las embarazadas y las madres, elaborado por la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, y Marcela Rodríguez, del ARI.

El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados, desde fines de 2007, y fue girado a la Comisión de Justicia y Asuntos penales del Senado.
Según informaron fuentes parlamentarias a Infobae.com los legisladores integrantes estudiaron hoy el dictamen para que el proyecto sea tratado en el recinto del Senado. Pero no fue aprobado, y seguirá siendo estudiado.

El socialista Rubén Giustiniani, vocal de la Comisión, le dijo a Infobae.com que está de acuerdo con el proyecto, porque "humaniza las condiciones de detención de la madre y el ámbito de los menores".

Los diputados aprobaron que exista prisión domiciliaria para las mujeres embarazadas, para las madres de menores de cinco años o con discapacidad, para los internos enfermos que no puedan recuperarse en prisión, para los enfermos incurables en el período terminal, y para los discapacitados que puedan sufrir un trato indigno en las unidades de detención.

Vivir con un hijo en la cárcel
"Las condiciones son malas para todas las mujeres en general, no tanto el hábitat de las prisiones federales y bonaerenses, pero sí en cuanto a la falta de atención médica. En el caso de las embarazadas, esto se agrava, porque casi no tienen revisiones ginecológicas ni ecografías, además de que hay mucha inseguridad", cuenta Alcira Daroqui, socióloga de la UBA y especialista en Sociología del Sistema Penal.

La mayoría de las mujeres madres están recluidas en la Unidad 31 del Sistema Federal de Ezeiza, en la cual hay un jardín para los chicos. Por ley, todos los penales federales deberían estar adaptados para las madres con hijos.

"El menor está privado de la libertad. Aunque es voluntad de la madre, padece el régimen de vida carcelaria, vive en el pabellón, en celdas muy chicas. Hay mujeres con dos criaturas. Están hacinadas y esto trae conflictos de convivencia forzados por las condiciones de detención", analiza Daroqui.

La especialista también remarca el mal trato verbal con el que conviven las presas y sus hijos, la falta de atención médica y de una dieta alimentaria para los menores. Tampoco existe la atención psicológica.

En el caso de las mujeres extrajeras el problema es más grave. Al cumplir los cinco años, la madre debe entregar a su hijo a un familiar. Pero las extranjeras muchas veces están solas y tienen que internar a sus chicos en institutos de menores.

Daroqui cuenta que la población femenina es ínfima en relación al total de los presos. En la provincia de Buenos Aires, el 4 % son mujeres. En el Sistema Federal son el 11%, de las cuales las mujeres madres son muy pocas. La mayoría está por delitos vinculados a las drogas, sin víctimas directas.

"Hay muchas que deciden no tenerlos en la cárcel y se los dejan a la familia", agrega.

La socióloga cree que para el Estado es complicado tener a chicos en esta situación y considera que es posible que el proyecto que estudian los legisladores se convierta en ley. Además, destaca que para algunos delitos no se justifica la situación actual de las madres.

"Los argumentos para la prisión domiciliaria de estas mujeres son contundentes y es una tendencia en el mundo", concluye, desde su mirada social.

"Es necesario e indispensable encontrar la racionalidad y proporcionalidad que debe imperar en una Política Criminal plasmada en un Código Penal progresista... tener en cuenta una política criminal enmarcada por políticas sociales, educativas y preventivas, consensuadas democráticamente", opina Azerrad, como hombre del derecho.


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