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Lunes 23 de Noviembre
29-04-08 | General Imprimir Galería
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Un incendio en un comedor popular reavivó el debate sobre el peligro en la villa 31

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Un centro comunitario quedó destruido por las llamas. No hubo víctimas, pero la precariedad y falta de controles invitan todos los días a una tragedia. Hay edificios que no respetan la mínima seguridad y el negocio inmobiliario ilegal crece diariamente

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El aumento en la población tanto de la villa 31 como de la 31 bis, separadas por la Autopista Illia, es imparable: en 1998 eran, según datos de los últimos censos, 9.442 habitantes, pasaron a ser 13.290 en el año 2001 y cerca de 18.000 en la actualidad.

Ante la falta de espacio, el crecimiento se produce hacia arriba con la construcción de edificios de hasta cinco pisos. Para ilustrar, basta mencionar que el año pasado se duplicaron las ventas de materiales de construcción, según aseguró el propietario de un corralón instalado en el interior del asentamiento. Los obreros, que también son residentes, dicen que el trabajo se triplicó desde 2007.
 
Todo, producto de capitales especulativos y de dudosa reputación. Todo, sin ningún tipo de planificación, por lo que son cada vez más frencuentes los incendios y derrumbes que involucran precarias viviendas y lugares de acopio de cartón.

Lo curioso es que mientras la Ciudad atiende algunos reclamos e impide las construcciones en varios barrios, por otra parte permite que se edifique sin ningún tipo de restricciones. Como dicen algunos arquitectos consultados, "todo está fuera de control".

Desde el gobierno porteño se defienden argumentando que se trata de predios que no les pertenecen y que fueron concesionados a empresas ferroviarias. Los propietarios se quejan: "Para expulsarlos necesitamos llevar a cabo juicios que no avanzan sin darle antes una solución alternativa a la gente".

Pese a que siempre fue resistida, la villa 31 sobrevivió a las diferentes acciones para erradicarla. En algunos casos, las promesas de urbanización y las ofertas de indemnizaciones y viviendas subsidiadas sólo consiguieron que se hiciera más grande.

En 1979, un desalojo violento fue frenado por una orden judicial. En 1990, el presidente Menem firmó el Plan Arraigo para entregar las tierras a sus ocupantes, pero el decreto nunca se aplicó. En 1994, el intendente Carlos Grosso ofreció distintas alternativas a las familias para desalojar la villa y construir la Autopista Norte, pero fracasó al igual que en 1996, cuando el intendente Jorge Domínguez envió topadoras para recuperar el lugar.

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