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Lunes 30 de Noviembre
18-03-08 | General Imprimir
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La Justicia dictó la prisión preventiva para el acusado de asesinar al repartidor

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El Poder Judicial ordenó, además, procesar a uno de los imputados por la muerte de Diego Migueles, un joven de 21 años que trabajaba en una parrilla de Santos Lugares, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.com

Vanesa Petrillo (Infobae.com)  

Migueles trabajaba para su cuñado, dueño de una parrilla de Santos Lugares, en avenida La Plata al 3500 haciendo delivery y fue asesinado el 2 de marzo pasado, cuando salió a hacer una entrega con la camioneta Chevrolet Meriva de su cuñado.

El procesamiento fue dictado por el juez federal en lo criminal de San Martín, Hugo Gurruchaga, y alcanzó a Walter Ariel Torres. En la misma resolución, el juez dictó en la causa la falta de mérito respecto de Matías Gabriel Díaz.

El magistrado consideró a Torres como "coautor penalmente responsable de la comisión del delito de secuestro extorsivo, agravado por intervención de tres o más personas, con resultado doloso de muerte y en concurso ideal con robo doblemente calificado por comisión en lugar poblado y en banda y uso de arma".

El juzgado dispuso también un embargo sobre el dinero y/o bienes de Torres hasta cubrir la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).

El joven fue secuestrado a principios de marzo, un domingo a la noche y al día siguiente apareció muerto de tres tiros, luego de que se pagaron 5.000 pesos. El cuerpo fue arrojado debajo de un arbusto en un terreno baldío de la localidad del Palomar, a pocos metros de la entrada del Colegio Militar de la Nación.

Migueles recibió un balazo en la nuca, otro en la cintura y un tercero en el glúteo izquierdo. El primer disparo que entró por detrás de su oreja dio la impresión de un fusilamiento a sangre fría, pero los otros dos, según los investigadores, hicieron pensar que lo balearon cuando intentaba fugarse.

La investigación comenzó con la denuncia recibida a través del número de emergencias 911, que reportó a Torres y a otra persona como autores del hecho y consignó que el individuo que daba la información habría tenido conocimiento y alguna vinculación con el hecho. En ese sentido aportó un domicilio relacionado con Torres, a partir de lo cual se dispusieron allanamientos y otras diligencias.

De acuerdo a la investigación, la voz grabada en el servicio 911 fue reconocida por cinco personas allegadas a la víctima como perteneciente a uno de los sujetos que realizó los llamados extorsivos.

Según fuentes consultadas, los datos aportados por medio de esa comunicación eran confiables, porque no sólo había brindado información, sino que también el individuo se habría autoincriminado.

En cuanto a la situación de Díaz, para fundar la falta de mérito, el juez sostuvo que "no se advirtió en los autos la existencia de elementos como para arribar al procesamiento del nombrado" en orden a los delitos por los que fue indagado, ya que las manifestaciones de descargo que realizó no fueron desvirtuadas hasta el momento por ninguna prueba incorporada al expediente.

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