Funcionario pide defenderse a los tiros de usurpadores

Aguinaga indicó, en declaraciones a la radio cordobesa Cadena 3, que el Código Civil contempla el derecho de los pobladores a "repeler y rechazar la violencia que se ejerce sobre ellos, cuando se produce la desposesión del inmueble, aunque lo tiene que hacer en forma inmediata".

Las declaraciones del funcionario aluden al caso de doce familias que se vieron obligadas a abandonar las casas que habían adquirido legalmente a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), en el barrio Santa Teresita del departamento de Las Heras.

Las forzosas retiradas se producen en consecuencia de las amenazas recibidas por parte de patotas, que procuran apoderarse de sus domicilios.

El titular del IPV, Conrado Simó, indicó que son "bandas armadas" las que usurpan las casas para venderlas a otras personas de bajos recursos en forma ilegal en ese barrio de 614 viviendas, que se construyó en el lugar en el que hasta hace dos años se encontraba un asentamiento de emergencia.

Simó explicó que las familias que se autoevacuaron fueron asistidas y reubicadas, en forma temporal, en otros lugares.

Según lo publicado por un matutino local, el jueves pasado una de las doce familias desalojadas recibió una intimación en la que se señalaba que debía abandonar la casa en una hora.

Una vez cumplido el lapso, los usurpadores rompieron la puerta de la casa a patadas, para golpear y echar a los moradores.

Pese a que las familias afectadas se presentaron en la Municipalidad local para recibir asistencia, la Policía del lugar asegura no haber recibido denuncias.

El comisario Videla aseveró que "no hay denuncias de usurpaciones", aunque admitió que "de todos modos hay una patrulla permanente con presencia en el barrio".