Si lo hubiese pensado un guionista no se habría atrevido a ser tan sádico: justo cuando se escribía acerca del cumplimiento del primer año de impunidad del accidente que derramó en Veladero más de un millón de litros de agua con cianuro, Barrick Gold produjo un nuevo incidente, tan opaco como el anterior. Y, poco más tarde, un tercero.

En todos los casos, el gobierno sanjuanino se enteró varios días después de ocurrido cada incidente y solo salió a la luz pública porque los vecinos de Jáchal, el pueblo que está aguas abajo de Veladero, lo difundió, atemorizado. ¿Será, como sugieren los habitantes de Jáchal, el pueblo que aguanta la respiración a los pies del río homónimo que baja de la mina de Barrick, que el emprendimiento que explota Barrick tiene estatus extraterritorial, como una especie de principado minero?

Las nuevas autoridades de la Cámara Argentina de Empresas Mineras asumieron tras el primer derrame de Barrick con la misión de cambiar la percepción social acerca de la minería a cielo abierto (lo que ellos llaman "la" minería, como si fuese equivalente -ambientalmente hablando- a la obtención de granito para mesadas de cocina). El presidente Marcelo Alvarez, no procedente de la criticada industria minera, dijo públicamente que la actividad debe cambiar sus estándares y avanzar hacia la transparencia.

La mina Veladero en San Juan, una de las regiones más conflictivas de la actividad minera (NA)
La mina Veladero en San Juan, una de las regiones más conflictivas de la actividad minera (NA)

Barrick evidentemente no lo ayuda. Transparencia es justamente lo que falta. Esto sirve para entender a qué se expone la sociedad cuando "elige" -el verbo es un modo de decir- este tipo de actividades para generar riqueza. La minería a cielo abierto funciona como un gran chantajista que, como jura traer inversiones, desarrollo y trabajo, exige que todo le sea permitido.

Por caso, como dice Antonio Brailovsky, lo que ocurre con sus residuos peligrosos. El cianuro, aclara, es un veneno tremendo pero se degrada en el contacto con el aire en pocos meses: "El problema mayor -dice- son los tóxicos que no se degradan, como algunos químicos y metales pesados. Un emprendimiento como Veladero (y varios más) está autorizado a no tratar sus residuos peligrosos sino que los pueden acumular en un enorme lago de barros tóxicos, llamado dique de colas. Estamos hablando de un volumen de decenas de hectómetros cúbicos. Es decir, que equivale al volumen de muchos cubos de 100 metros de lado". O sea que a la amenaza permanente de un derrame que inutilice el agua de un río con cianuro, se le debe agregar el pasivo que supone un estanque repleto de sustancias tóxicas que Barrick dejará cuando haya extraído todo el oro posible de las montañas.

La población de Jáchal, San Juan, en pie de guerra contra la megaminería (Reuters)
La población de Jáchal, San Juan, en pie de guerra contra la megaminería (Reuters)

Cabría agregar otra pequeña licencia del Estado a favor de la minera. Al aprobarse la ley de glaciares, cuya primera versión la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó con entusiasmo explícito a pedido de la ideología nacional y popular de Barrick Gold, se determinó la prohibición de toda actividad extractiva sobre área glaciar y periglaciar. Esa porción de la ley está vigente, independientemente del inventario de glaciares que se ordena confeccionar al IANIGLA, un instituto del Conicet especializado en la temática. A confesión de partes relevo de pruebas, recuerdan las organizaciones ambientalistas: en un folleto distribuido por la propia Barrick con la finalidad de congraciarse con los sanjuaninos antes de iniciar su emprendimiento de Veladero explicaba didácticamente cómo trasladaría el glaciar sobre el cual desarrolla la explotación aurífera. Conclusión: Barrick está sobre un glaciar y la ley que reglamenta sobre la conservación de esos cuerpos de agua permanentemente congelada lo prohíbe.

Además de Veladero, Barrick encabeza la extracción de oro binacional de Pascua-Lama, que sí se ha convertido, por gestión de los gobernantes de la Argentina (Cristina Kirchner) y Chile (Sebastián Piñera) en una suerte de emplazamiento suprajurisdiccional al que los Estados democráticos no pueden acceder. Sin embargo, debido a la mala praxis que derivó en impactos ambientales negativos sobre los glaciares, la Corte Suprema de Chile detuvo la explotación de aquel lado de la cordillera. De modo notable, la uniformidad del emprendimiento -se supone que la montaña es la misma más allá de la existencia formal de una frontera- quedó desarticulada para la dirigencia política argentina: jamás se investigó si dicho impacto se producía también del otro costado de Los Andes y el entonces gobernador de San Juan, tan medido como equilibrado y dispuesto a proteger el ambiente, afirmó sin dubitar que "en la Argentina Pascua Lama goza de buena salud". El gran interrogante es en qué momento la sociedad argentina decidió convivir con una actividad de semejante peligrosidad. La primera pregunta asociada es: ¿a qué costo? La segunda: ¿no hay alternativa?

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