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Domingo 29 de Noviembre
12-08-08 | Economía Imprimir
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La AFIP investiga a trece cerealeras

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Se está avanzando en una investigación conjunta entre las direcciones generales de Impositiva y Aduana, para determinar si hubo irregularidades en las declaraciones juradas de exportaciones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene bajo la lupa el accionar de 13 empresas cerealeras, sospechadas de realizar operaciones irregulares en materia impositiva por alrededor de 1.700 millones de dólares.

Así lo reveló una alta fuente del organismo al señalar que se está avanzando en una investigación conjunta entre las direcciones generales de Impositiva (DGI) y Aduana (DGA), que intenta determinar si hubo irregularidades en las declaraciones juradas de exportación de esas compañías.

Las empresas que tiene en la lupa la comisión son, entre otras, Cargill, Molinos Río de la Plata, Bunge Argentina, Louis Dreyfuss y Aceitera General Deheza.

Consultados por DyN fuentes de las compañías declinaron formular comentarios sobre las investigaciones fiscales. La fuente sostuvo que "estamos en la etapa de investigación" y aclaró que "si bien hay unas 200 empresas involucradas" en presuntas irregularidades, "nos abocamos a realizar tareas de fiscalización en 13 firmas que representan más de 90%" de las exportaciones.

Al respecto, el informante indicó que existe una discrepancia respecto de la alícuota a tomar para el pago de los derechos de exportación y también de la base imponible a tener en consideración.

En otras palabras, se trata del nivel de retenciones a aplicar y del precio considerado por tonelada de cereal, ya que las cerealeras pretenderían tomar la alícuota de 27,5% para ser aplicada sobre los valores de fines del año pasado y la AFIP pujaría por aplicar 35% a valores más recientes, es decir cuando se produjo el alza del precio internacional de los commodities.

"El punto de partida de nuestra investigación son los expedientes que nos giró la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA)", explicó el funcionario.

En esos documentos se plantearía la diferencia de alícuota y de cotización de la mercadería que existe depende de la fecha en que se tome en consideración y el pago de menores tributos en caso de que se considere la posición del organismo oficial.

A mediados de mayo se reglamentó la ley 26.351 (sancionada a fines del año pasado), con lo que se determinó que "en caso de una nueva suba de retenciones, los exportadores pagarían el impuesto previo, sólo si pudieran acreditar la tenencia o adquisición de dichos granos, de lo contrario, abonarían el nuevo impuesto".

La sospecha sería que las cerealeras, que tributaban 27,5% de derechos de exportación, le trasladaban la carga de las nuevas retenciones a los pequeños productores, lo que motivó la creación de una comisión investigadora en el Senado de la Nación.

Esa comisión investigadora tendrá como objetivo analizar el comportamiento de las cerealeras sospechadas de elusión impositiva, señaló la fuente.

La presentación del oficialismo ante esa comisión indica que "existen graves sospechas" sobre las declaraciones juradas presentadas, mientras que la oposición hace hincapié en un presunto "tráfico de influencias y filtración de información sensible sobre las medidas económicas del Gobierno".

Fuente: DyN

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