27-07-08 | Economía
El Estado no deberá pagarle al Grupo Greco
Así lo dispuso ayer un fallo del juez Juan Francisco de Asís Soto, que resolvió dejar "sin efecto" la orden que había dictado en un fallo anterior de hace dos años atrás
La Justicia frenó un fallo que obligaba al Estado nacional a pagar más de $587 millones al grupo Greco y ordenó revisar la liquidación que se hizo en el 2005 en beneficio de los banqueros mendocinos indemnizados por haber sido intervenidos durante la última dictadura.
En un fallo dictado en la mañana de ayer, el juez Juan Francisco de Asís Soto resolvió dejar "sin efecto" la orden que había dictado en un fallo anterior en el que se disponía "homologar la liquidación (...) hasta la suma de 332.396.128,64 pesos", informó la agencia de noticias DyN.
El juez Soto tomó los argumentos presentados por los abogados del ministerio de Economía y resolvió que los letrados cometieron algunas irregularidades al presentar la anterior liquidación.
Al regreso de la democracia, con la presidencia de Raúl Alfonsín, el Estado reconoció un resarcimiento a favor del grupo, que finalmente fue establecido por el juzgado a cargo de Soto.
El 11 de agosto de 2005, el juez homologó un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el ex consorcio de empresas de la familia Greco. Allí se estableció que la Nación se comprometía a pagarle a los Greco $332.396.128,64 como indemnización por haber sufrido el desapoderamiento de sus bienes durante la dictadura.
En noviembre de 2006, el Poder Ejecutivo le solicitó al Congreso la autorización de nuevo endeudamiento para cumplir con esta erogación que, al cancelarse con bonos, equivalía a 587.650.855 pesos, pero finalmente la entonces ministra de Economía Felisa Miceli impugnó el pago y revocó los actos administrativos firmados por sus abogados en favor del desembolso.
Mientras una causa penal llevada por el juez federal Sergio Torres investiga si existieron irregularidades en ese pago, el juez Soto envió el 29 de octubre último un oficio a la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaria de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía. Allí se ordenaba el embargo de 600 millones de pesos (conformados por los 315 millones y los 63 millones de bonos de consolidación, más un 20% para atender a los cupones que se hubieran vencido desde noviembre de 2006).
En un fallo dictado en la mañana de ayer, el juez Juan Francisco de Asís Soto resolvió dejar "sin efecto" la orden que había dictado en un fallo anterior en el que se disponía "homologar la liquidación (...) hasta la suma de 332.396.128,64 pesos", informó la agencia de noticias DyN.
El juez Soto tomó los argumentos presentados por los abogados del ministerio de Economía y resolvió que los letrados cometieron algunas irregularidades al presentar la anterior liquidación.
Al regreso de la democracia, con la presidencia de Raúl Alfonsín, el Estado reconoció un resarcimiento a favor del grupo, que finalmente fue establecido por el juzgado a cargo de Soto.
El 11 de agosto de 2005, el juez homologó un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el ex consorcio de empresas de la familia Greco. Allí se estableció que la Nación se comprometía a pagarle a los Greco $332.396.128,64 como indemnización por haber sufrido el desapoderamiento de sus bienes durante la dictadura.
En noviembre de 2006, el Poder Ejecutivo le solicitó al Congreso la autorización de nuevo endeudamiento para cumplir con esta erogación que, al cancelarse con bonos, equivalía a 587.650.855 pesos, pero finalmente la entonces ministra de Economía Felisa Miceli impugnó el pago y revocó los actos administrativos firmados por sus abogados en favor del desembolso.
Mientras una causa penal llevada por el juez federal Sergio Torres investiga si existieron irregularidades en ese pago, el juez Soto envió el 29 de octubre último un oficio a la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaria de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía. Allí se ordenaba el embargo de 600 millones de pesos (conformados por los 315 millones y los 63 millones de bonos de consolidación, más un 20% para atender a los cupones que se hubieran vencido desde noviembre de 2006).
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