Temen que la burocracia impida concretar los anuncios que hiciera el ministro de Economía, Martín Lousteau, el lunes último. Creen que se trata de un sistema muy complejo

Cuando comenzaba la semana, y después de un fin de semana colmado de declaraciones cruzadas, el Gobierno anunció una batería de medidas para dar por cerrado de una vez por todas- el conflicto agrario.
Casi antes de la última palabra de la Presidente, los representantes de las cuatro entidades que encabezan el paro dijeron que se trataba de medidas insuficientes e insistieron en la suspensión del sistema de retenciones móviles a la exportación de soja.
Los ruralistas temen que la burocracia haga -en definitiva- imposible la efectivización de las nuevas medidas.
"Me suena raro que hayan tomado la decisión de atacar a todos los productores con una mayor retención, para después devolver plata a la mayoría de ellos", consideró un analista a Clarín, en relación a los reintegros para unos 61.000 productores que cosechan menos de 500 toneladas de soja.
Aducen que al no existir un listado único de los productores del país, se deben cruzar listados del ONCCA y la AFIP, será de difícil implementación. Incluso aún hay chacareros que no están registrados.
En cuanto a las compensaciones, los ruralistas recuerdan que hubo una mala experiencia, ya que de los 473 millones de dólares que el Gobierno pagó desde 2007 en este concepto, terminaron en manos de industrias alimenticias y no llegaron a la gente del campo.
Sí, en cambio, hubo una alta recepción del resto de las medidas que diagramó el equipo del ministro de Economía, Martín Lousteau.
En especial en lo que refiere a los subsidios de flete, para ayudar a los productores más alejados de los puertos, así como lo referido a la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y a la reapertura de las exportaciones de trigo.