Moreno ahora pondrá a las empresas bajo la lupa

Para poder poner en marcha esta nueva estrategia el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, dejará de lado los “acuerdos de precios” y ante el amparo de una ley de lealtad comercial, que data de mayo de 1983, desplegará una task force de 30 analistas para investigar a las empresas y controlar las subas de precios.

Se trata de la ley 22.082, sancionada durante el gobierno militar liderado en ese entonces por el general Reynaldo Bignone, que en su artículo 14 (inciso C) indica que la autoridad de aplicación podrá ingresar en los "locales donde se ejerzan las actividades reguladas en la ley, salvo en la parte destinada a domicilio privado, examinar y exigir la exhibición de libros y documentos, verificar existencias, requerir informaciones, nombrar depositarios de productos intervenidos (y) proceder al secuestro de los elementos probatorios de la presunta infracción".

Además, faculta a "citar y hacer comparecer a las personas que se considere procedente pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario".

La medida ya fue cuestionada. Un economista, consultado acerca de esta nueva aplicación para controlar empresas, opinó que el modelo “no es malo en sí mismo, aunque en este caso no está que el uso de la información vaya a servir para controlar la inflación".

Y otro incluso llegó a decir que, antes que controlar los precios ajenos "el Gobierno debe admitir que los costos privados suben por el problema energético, por la falta de credibilidad sobre el IPC y por la laxa política salarial oficial".