Un aumento en la tasa de interés no soluciona la alta inflación

La meta de inflación del gobierno nacional para este año habla de un ratio del 17%. Considerando la historia económica argentina, bajar a tal índice parece muy ambicioso.

Alcanzarlo resultará muy difícil cuando el aumento de los precios en el primer trimestre del año ha registrado un promedio mensual del 2,1%. Si tal tasa de inflación es proyectada al año, se llega al 28%. La respuesta del Banco Central frente a semejante brecha ha sido elevar la tasa de interés de referencia.

Al encarecerse el crédito y elevarse la tasa de interés pasiva, el valor del dólar debería tender a la baja en términos reales, lo que mantendrá o agravará el atraso cambiario. La mayor parte de los sectores productivos quedan, así, afectados negativamente. Ente los más lastimados, sobresalen las exportaciones y los productos y servicios que compiten con las importaciones.

El fenómeno de la inflación muestra múltiples aristas, pero la principal de ellas es el déficit fiscal.

Obviamente, el tema no se basa únicamente allí. Pero para reducir la inflación es imprescindible atacar el déficit lo que, a su vez, reduce las expectativas inflacionarias.

Una pastilla de ibuprofeno sin duda baja la fiebre del enfermo, obviamente, en la coyuntura. Pero ésta no es un remedio. Sólo el reposo y el cuidado en su casa constituyen el remedio estructural.

Algo similar sucede con la tasa de interés. La suba de tasa tiene efectos positivos sobre la inflación, sin duda. Pero en definitiva no es remedio alguno para la enfermedad inflacionaria. Y para peor presenta efectos negativos sobre la dinámica económica.

La solución duradera, si bien más compleja, se basa en la reducción del déficit fiscal. Y ésta no es tanto responsabilidad del Banco Central como sí lo es del sector público. Es muy difícil, pero es el único camino: el de la austeridad, de la calidad en la gestión del Estado y el de un ambiente de inversiones.

El gasto público se ubica cerca del 44% del PBI mientras que en los países desarrollados alcanza al 36,9%. Una radiografía sobre el gasto público muestra, según la información oficial, cuáles son los principales componentes. Son tres y solamente ellos explican alrededor del 70% de las erogaciones totales.

Se trata de las prestaciones sociales que equivalen al 12% del PBI; de los gastos de funcionamiento que representan algo más del 4% del PBI; y de los subsidios económicos a la energía, el transporte y otras empresas que significan casi el 4% del PBI.

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En cuanto a la tributación, el desquicio es alarmante. Como en el promedio de los países subdesarrollados, la mayor recaudación en nuestro país, en lugar de venir de los ingresos, proviene de impuestos a las transacciones. Por ejemplo, el complejo sojero tributa por derechos de exportación una alícuota que va de 27% al 30% sobre el precio FOB, pese a la baja en los precios internacionales y el dólar "planchado". Vale recordar que tal complejo representa alrededor del 28% del total de las exportaciones; y se puede afirmar que es el más eficiente del mundo.

Muy diferente es el cuadro en los países avanzados. Allí el mayor porcentaje de la recaudación proviene de los impuestos a los ingresos.

El gasto público, a su vez, está muy descentralizado. Se concentra en las provincias y los municipios (44% del total del gasto público). Pero la recaudación la hace en la Nación. El sistema tributario no es realmente federal. Con la actual Coparticipación, las provincias y municipios dependen del poder central. Así, gastar no se relaciona con recaudar.

(*) Manuel Alvarado Ledesma es Economista. Profesor de la Maestría de Agronegocios de la UCEMA.