El Estado destinará $48 millones para la "incorporación mayor valor agregado a la producción" en el sector, garantizar el abastecimiento interno y potenciar las exportaciones

El Gobierno puso en marcha el Programa Nacional de Lechería (PNL), con una asignación inicial de 48 millones de pesos, el cual promueve la "participación activa del Estado" en la política lechera, la decisión de "garantizar la seguridad alimentaria" y la "incorporación mayor valor agregado a la producción".
La mencionada iniciativa fue aprobado por el Ministerio de Agricultura, a cargo de Julián Domínguez, a través de la resolución 297, publicada en el Boletín Oficial, y que tiene como finalidad proceder a la "defensa de pequeños y medianos productores, especialmente aquellos que ejercen su actividad en tierras alquiladas".
Entre otros "objetivos específicos", el plan de Agricultura apunta a "garantizar el abastecimiento pleno del consumo interno, la promoción de exportaciones y el crecimiento sostenido de la producción con medidas de salvaguarda".
La norma prevé además la posibilidad de avanzar con "la redacción del proyecto de ley de lechería consensuado con los actores de la cadena".
En su articulado, la resolución expresó que se destinará hasta el cincuenta por ciento de los fondos disponibles al financiamiento del sector lácteo, para la ejecución de créditos a tasas subsidiadas y la creación de un fondo de garantía que permita el acceso al crédito a pequeños y medianos productores, no bancarizados.
Entre los beneficiarios del plan figuran aquellos productores e industrias PyMEs que cuenten con un fuerte impacto regional, y además deben estar inscriptos en el RENSPA y los Registros provinciales de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero y de la cuenta lechera extrapampeanas.
Para el caso del sector fabril, podrán ser beneficiarias aquellas industrias lácteas registradas ante la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) o también en sus respectivos registros provinciales.
El PNL prevé la promoción de créditos a tasas subsidiadas y, a través del mismo, la Nación otorgará una bonificación de hasta seis puntos porcentuales anuales de la tasa de interés, y deja habilitada a las provincias la posibilidad de concretar el aporte de subsidios adicionales.
Además contarán con un plazo de hasta ocho años, para las líneas de inversión, con opción de precancelación, y un máximo de dos años para aquellos que tomen créditos para capital de trabajo, pudiendo en ambos casos disponer de un periodo de gracia.
Para el productor tambero, las líneas mencionadas podrán tener los siguientes destinos: inversión en equipos de ordeñe, frío y tratamiento de efluentes, ampliación o adecuación de tambos, pasturas, compra de maquinaria, compra y/o retención de vientres, adquisición de software o bien en capital de trabajo.
En el caso de las pequeñas y medianas industrias lácteas, los préstamos serán para construcción o ampliación de plantas, adquisición de maquinaria (pasteurizadoras, equipos de frío, calderas, envasadoras, entre otros), tratamiento de efluentes y capital de trabajo.
Según la norma, en cuanto al pago de leche por atributos de calidad se prevé la creación de un mecanismo de pago basado en un sistema nacional de determinación de calidad de leche.
La puesta en marcha de dicho instrumento apunta a que, a partir de la suscripción de acuerdos entre los tambos, la industria, las provincias y la Nación, se generen modificaciones estructurales en el sector lácteo.
Asimismo, entre las principales actividades a desarrollar, dentro del PNL, figura la creación de un sistema obligatorio de pago de leche por calidad, la inclusión dentro de un sistema a toda la industrias y tambos del país, el desarrollo de una sistema unificado de información, y disponer la utilización de una Liquidación Única para toda las industrias lácteas.
Fuente: DyN