Semejante comportamiento divergente dentro del mercado laboral registrado a favor de una modalidad ocupacional que en el pasado reciente había sido duramente cuestionada de precariedad, porque implicaba para el trabajador perder la protección social y la cobertura ampliada que gozan los que se ocupan en relación de dependencia, como vacaciones pagas, cobro de aguinaldos y feriados, horas extras, etcétera, etcétera, etcétera, respondería a la necesidad de muchas compañías de atenuar el impacto de la suba de los costos de producción, para no perder competitividad con el resto del mundo.

La buena noticia fue que ese comportamiento del mercado se atenuó en el último trimestre de 2009, como lo demuestran las variaciones absolutas y relativas de esas dos categorías ocupacionales respecto del promedio de ese año. Sin embargo, no alcanzó una profundidad suficiente como para poder advertir un cambio de tendencia en lo inmediato.

Para peor, el inicio de una nueva ronda de discusiones salariales en convenciones paritarias de diversos gremios, con pretensiones de aumentos para todo 2010 que llegan hasta 35% por parte de algunos sindicatos y una tolerancia de 14 a 19% manifestada por parte de la dirigencia empresarial, hace pensar que aquel cuadro podría agudizarse en los próximos meses.

Esas conclusiones surgen del último informe  del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), a partir del análisis de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares y de la AFIP sobre los aportantes activos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 

Adaptación a la suba de costos
En el informe anterior Idelas-UCES se advertía "un cuadro insostenible para las empresas, más aún en un escenario inflacionario a un ritmo de dos dígitos altos, porque por un lado crecen las presiones gremiales por recomposiciones salariales a una velocidad no soportable por las finanzas de las compañías y por el otro, presiona para reducir el impacto de la masa salarial sobre los costos totales, vía el despido de trabajadores en relación de dependencia y su recontratación, en algunos casos, como un servicio independiente, en calidad de autónomo o monotributista. Sólo excepcionalmente se negocian asignaciones no remunerativas, porque están limitadas por el Ministerio de Trabajo, y a la postre también se vuelven en contra tanto de los trabajadores, como de las empresas".

Al respecto, el trabajo de uno de los institutos de la casa de altos estudios observa que "ese cuadro se refleja con nitidez a partir del tercer trimestre de 2004 cuando la economía parece haber absorbido casi la totalidad del impacto de la megadevaluación del peso, que entre otras cosas había provocado una severa “licuación” del costo salarial convertido a dólares, y de esa forma fomentaba la creación de puestos en relación de dependencia. De ahí el salto de la relación entre la cantidad de asalariados y los trabajadores independientes, en el canal formal de la economía, de 6,5 a fines de 2001 hasta un techo de 7,7 en el segundo trimestre de 2002 y se sostiene en ese rango hasta la primera mitad de 2004".