La campaña con la que la Liga de España quiso concientizar pero no pudo con la piratería en el fútbol

Las empresas que adquirieron los derechos del fútbol argentino miran hacia el Viejo Continente para lanzarse a la batalla contra los piratas, que se las ingenian para salir airosos de todo marco legal

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En mayo de 2016 la Liga de España presentó una denuncia contra el responsable de una empresa que ofrecía suscripciones a canales de televisión paga de forma ilegal. Fue aquella imputación la consecuencia de una campaña que las autoridades habían iniciado en 2014 contra el flagelo de la reproducción en forma gratuita de los contenidos de sus partidos y, aunque se intentó concientizar a los usuarios sobre las consecuencias de esta prácticas clandestinas, los piratas encontraron huecos por los cuales llevarlas a cabo logrando cifras de consumo impensadas y se declaró la guerra entre las partes. Tal contienda ha desembarcado en la Argentina a partir de la obtención de los derechos del fútbol por parte de empresas privadas que prometen atacar con dureza a todo aquel que reproduzca sus contenidos de manera ilícita.

La Liga de Fútbol Profesional de España (LFP), dueña de los derechos audiovisuales de los clubes junto a cableoperadoras privadas, se ha lanzado directamente a la casa de los piratas mediante agresivas campañas que buscan hacerle entender al usuario que "cuando aparece la piratería, el fútbol desaparece", de las que incluso han participado los propios jugadores con mensajes como: "Los fichajes desaparecen. Las estrellas desaparecen. Los patrocinadores y las marcas desaparecen. Los aficionados en los estadios desaparecen".

Pese al esfuerzo por desterrar la ilegalidad en la reproducción de contenidos, el método parece ser imposible de exterminar. Registros del pasado 3 de diciembre indican que el clásico que Barcelona y Real Madrid jugaron por la Liga fue reproducido de manera ilegal por páginas que fueron creadas al momento del evento y desaparecieron automáticamente a su término gracias a la posibilidad de compartir videos en streaming de las distintas redes sociales. Así burlaron los derechos de la LFP y algunas llegaron a tener por encima de 700 mil usuarios conectados al mismo tiempo y un acumulado de más de 4 millones de consumidores.

Captura de una reproducción ilegal del clásico de España entre Barcelona y Real Madrid del pasado 3 de diciembre de 2017
Captura de una reproducción ilegal del clásico de España entre Barcelona y Real Madrid del pasado 3 de diciembre de 2017

La lucha contra la piratería es incansable pero demasiado compleja. "Tenemos acuerdos con las plataformas de redes sociales para rastrear contenidos ilegales", aseguraron desde la Liga. El pacto con Twitter implica la eliminación automática apenas se detectan. Facebook, por su parte, tiene su propia herramienta para bloquear contenidos ilegales más rápidamente aunque apenas desaparece un contenido, aparece otro.

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Argentina se lanza a la caza de los piratas

Turner y Fox, empresas ganadoras de los derechos del fútbol argentino, crearon sus departamentos exclusivos de antipiratería. En el primer caso bajo el asesoramiento del abogado chileno Daniel Steinmetz, un profesional con más de 20 años de experiencia en la industria mediática. En el caso de Fox, la responsabilidad de combatir la piratería recaerá sobre el abogado argentino Jorge Bacaloni.

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La preocupación nace a partir de que trascendiera que los nuevos dueños del fútbol impedirán la reproducción libre de las instancias de los partidos y que solo después de un tiempo considerado de los mismos le darán un compacto de los momentos destacados que solo podrán reproducir las cuentas oficiales de los clubes, mientras que todo el material será explotado por las cadenas mediante sus correspondientes programaciones con emisiones dedicadas al repaso de lo ocurrido en cada fecha, análisis de partidos, debate y demás.

Se estudian distintas metodologías para atacar a los reproductores ilegales de las instancias de los partidos del fútbol argentino que se jugarán en el marco de la próxima Superliga que van desde la colocación de inhibidores de señal de dispositivos móviles hasta sanciones a usuarios que transmitan eventos desde sus cuentas personales o creadas para tal ocasión.

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La problemática afecta a varios sectores de la industria televisiva que pugnan por sus derechos como dueños de contenidos. Los usuarios, por su parte, alegan su derecho a la libertad de expresión. La batalla está declarada.

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