En los últimos cinco años, hubo 90 delitos comunes contra unidades militares de las Fuerzas Armadas y eso convenció al Ministerio de Defensa de la necesidad de autorizar la revisión del sistema de seguridad perimetral. 

En ese sentido la ministra de Defensa, Nilda Garré, firmó la resolución 1020 del 28 del mes pasado, que muestra el incremento de hechos de inseguridad en los predios militares como robos, ingresos irregulares de personas ajenas al ámbito militar, agresiones a militares, incendios intencionales y hasta intentos de usurpación de tierras. 

De las tres fuerzas, la Aeronáutica fue la más perjudicada por los delitos: en el último año sufrió 43 hechos delictivos (hurtos e incendios intencionales) en nueve dependencias. Además, en los últimos dos años el Ejército registró 33 episodios (robos de armamento, munición de polvorín, ganado, intentos de usurpación de tierras e incendios) y la Armada, 14 en los últimos cinco.

En la disposición, Garré autorizó el "uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar todo tipo de delito violento flagrante contra la institución militar", explica que se deberá "comunicar y requerir la presencia de las fuerzas de seguridad o policiales" y prohíbe hacer "tareas de inteligencia o de contrainteligencia" para prevenir ese tipo de delitos.