La empresa —que gestiona dos tercios de las búsquedas en la red; posee el portal de vídeos más popular, YouTube; y ganó el pasado año en anuncios casi 15.000 millones de euros, más que ninguna otra firma en el mundo— está siendo víctima de su propio éxito. Sus dirigentes lo saben y desde mediados de año, Google ha emprendido una campaña de relaciones públicas para contrarrestar el retrato negativo que padece, con acusaciones de piratería, censura y violaciones de la privacidad.

Los reproches hacia Google suelen ir en tres direcciones: censura, privacidad y propiedad intelectual. La censura es la que ejerce sobre los internautas chinos -no haciendo accesible la información crítica con el Gobierno del país asiático, algo que ha sublevado a Amnistía Internacional o Human Rights Watch-.

La falta de protección de la intimidad se da a través de políticas como la de guardar los resultados de las búsquedas durante nueve meses o el servicio que ofrece imágenes a pie de calle a través del programa Google Maps, han provocado que la oenegé Privacy International nombrase a Google la firma que menos respeta la privacidad de sus usuarios en la red y ha generado alarma en los ejecutivos de Suiza y Canadá.

Y, por último, está la nueva aplicación Book Search, con al que como los antiguos egipcios que intentaron construir una biblioteca en Alejandría que contuviese todos los pergaminos, los ejecutivos de la firma hablan de crear un archivo universal, una especie de tesoro del conocimiento al que se podrá acceder —o al menos buscar— de forma gratuita.

Hasta el momento, la empresa ha escaneado 10 millones de libros de los fondos de bibliotecas americanas y europeas. Específicamente lo que se pone en cuestión es si la tarea de archivar digitalmente todas las obras del mundo debe recaer en una empresa, y si Google - que en los Estados Unidos ha escaneado libros con y sin derechos de autor- ha incurrido en la piratería intelectual.

Respecto a ese hecho, el año pasado la empresa llegó a un complicado acuerdo con parte de los editores y autores norteamericanos en el que se prevé un mecanismo para indemnizar a los autores que ya ha digitalizado y, a cambio, estos se comprometen a no demandar en el futuro a la compañía. Sin embargo, según el juez que lleva la causa el pacto debe renegociarse.