Desde el 1° de marzo hasta la semana pasada en La Legislatura porteña se sancionaron 640 iniciativas, de las cuales sólo 127 fijaron, en menor o mayor medida, nuevas reglas de juego para el Estado o la gente. Se trata del 20% del total de lo tratado en el recinto por el cuerpo deliberativo. El resto son 259 resoluciones y 254 declaraciones.
 
Entre las primeras sobresalen los pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre los más variados aspectos de la gestión, que el gobierno porteño debe responder en el término de 10 días. Este circuito administrativo de control de un poder sobre otro no incide sobre la vida en la ciudad. Las declaraciones, por su parte, suelen tener un contenido ligado a lo institucional e, incluso, a lo político.
 
Como se dijo, el 80% de la producción legislativa desde el 1° de marzo fue dedicada a resoluciones y declaraciones. Y, del 20% de leyes restantes, los propios diputados admiten que sólo unas 10 o 15 constituyen leyes con impacto concreto en la realidad. Son aproximadamente el 2% de las 640 normas aprobadas durante las 15 sesiones legislativas que hubo este año.

A este puñado de leyes con incidencia sobre la actividad cívica, comercial y empresarial, la semana pasada fue una de las sesiones más prolíficas de la Legislatura- los diputados sumaron la obligación de instalar botones antipánico en plazas porteñas, la regulación de los servicios de delivery y cadetería, y el permiso para la colocación de marquesinas.

Los magros resultados obtenidos durante la primera mitad de año legislativo (va de marzo a marzo) sin duda obedecen al relajamiento de la actividad parlamentaria por la campaña electoral que entretuvo y enfrentó a la dirigencia política del distrito hasta el 28 de junio y, luego, a la restricción de actividades provocada por la epidemia de gripe H1N1. En ese sentido, durante las 11 sesiones celebradas entre el 1° de marzo y el 2 de julio, 31 de los 60 diputados, o sea, la mitad, faltaron al menos una probablemente convocados por alguna actividad proselitista según informa el diario La Nación.

En lo que resta del año, los diputados tienen previsto sancionar otro puñado de leyes que organizan la administración gubernamental y la convivencia de los ciudadanos: la venta de los terrenos de la zona de Catalinas para invertir el dinero obtenido en infraestructura escolar; la reforma judicial y el nuevo pliego de recolección de basura, pendiente desde hace meses por falta de acuerdo.