En líneas generales, la iniciativa promueve multas penales y económicas para quienes participen en manifestaciones que causen destrozos en propiedades privadas y públicas.

El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados, fue calificada como un "retroceso" por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores, principales actores sociales del país.

La ley, que debe pasar al Senado, fue ratificada con los votos de la oposición y de tres parlamentarios oficialistas, que fueron duramente criticados por sus pares.

"Esto es criminalizar la defensa de los derechos de los trabajadores", dijo el dirigente de la CUT René Tabilo.

"Esta ley no ayuda a combatir a los encapuchados (que irrumpen habitualmente en las protestas) porque es igual que decir que para combatir la delincuencia basta con meter presa a la gente", alegó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, sostuvo que la ley limita "los derechos de las personas para manifestarse, para reunirse y para actuar libremente".

"Nos parece lamentable que esto haya prosperado, teníamos conocimiento del proyecto, pero la verdad creíamos que no iba a fructificar", agregó.