En marzo, una encuesta realizada por SEL Consultores entre firmas líderes mostró que la modalidad de negociación salarial preferida era abierta, sin pautas oficiales; en todo caso con variantes -en proporciones iguales por sí o por no- respecto de la inclusión en el convenio de cláusulas de mantenimiento del empleo.

Según el estudio, "eran pocas las empresas que optaban por la postergación de las paritarias y aumentos de suma fija por actividad. Dos meses después, sin embargo, el 32% postergó la negociación del convenio y a cambio otorgó, o tiene en discusión, una suma fija o un porcentaje a cuenta; menos del 40% tiene una negociación en marcha".

"La inflación, que aunque más baja que en 2008 continúa siendo elevada, y el nivel de actividad, en caída en la mayoría de los sectores, distancian más que en el pasado las demandas salariales sindicales y las ofertas de las empresas. Para estas últimas, la brecha entre unas y otras es ahora de casi 8 puntos porcentuales; en marzo era de 5 puntos. La brecha actual es el doble de la registrada al inicio de la ronda de negociación colectiva de 2008", observa el estudio de la consultora que dirige Ernesto Kritz.

No obstante, destacan los economistas de SEL Consultores que "es llamativo que las demandas salariales recibidas o esperadas por las empresas estén en alza, y tanto más distanciadas de sus ofertas de aumento (que no se han modificado desde comienzos de año), en circunstancias que la demanda laboral está al menos estancada".

La explicación posible que hacen los expertos de la consultora es que "la pérdida en la capacidad económica de negociación salarial de los sindicatos producto del debilitamiento del mercado de trabajo, está siendo compensada por el incremento de su capacidad de negociación política frente al Gobierno en el período preelectoral. Esto también puede explicar una mayor conflictividad en el sector privado".

Postergaciones y acuerdos
En ese contexto el relevamiento de marras detectó que "los acuerdos provisorios -homologados por el Gobierno- tienen una duración media de siete meses, aunque con una dispersión importante. En promedio, la suma otorgada es de unos $300, que en porcentaje equivale a algo más de 10% de la nómina".

Además observó que "en casi todos los casos estos aumentos son no remunerativos. La exención del pago de contribuciones y aportes a la seguridad social, es un subsidio desde el Estado a las empresas y a los asalariados. En un contexto de dificultades fiscales, este subsidio
revela que también el Gobierno adolece una pérdida relativa de su capacidad de negociación. Si estas cargas se integran al salario -como en algún momento ocurrirá- el efecto sobre el costo laboral sería de 4 a 5 puntos extras. En esta última hipótesis, la proyección anualizada del aumento del costo laboral es de aproximadamente 19 por ciento”.

El punto inquietante es que si perdura la situación de retracción de la actividad productiva y comercial "muchas empresas no estarían en condiciones de absorber un aumento del costo laboral de esa proporción sin afectar el nivel de empleo, porque no están en capacidad de trasladarlo a los precios finales".