Lo reconoció el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. Señaló que los arreglos por rotura de calles y aceras hechas por empresas de servicios públicos están demorados.
Juan Pablo Piccardo, ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires, reconoció que "el 40% de los 16 millones de m2 de veredas de la Ciudad están en malas condiciones por culpa de la falta de control de administraciones anteriores sobre las empresas de servicios públicos", que rompen las aceras para llevar adelante arreglos y después no se ocupan del componerlas.

La rotura de veredas es constante. De hecho, el Ejecutivo porteño señaló que cada mes se rompen 20.000 m2, sumados a los 10.000 m2 de calles. Sin embargo, el problema es que su arreglo está demorado, pese a que en julio de 2008 entró en vigencia la ley 2.634, la cual indica que las empresas deben pedir permiso para realizar las aperturas y depositar por cada m2 de vereda entre $148,42 y $183,47, según el valor de la baldosa, para que el Gobierno de la Ciudad reponga el material roto.

Claro que una cosa es lo que dice la ley y otra lo que sucede en realidad, ya que, según el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el 50% de las roturas hechas no están autorizadas, lo que provocó que desde la entrada en vigencia de la norma se labraran 6.653 actas.

Ante la situación, Piccardo admitió que "el sistema empezó a funcionar razonablemente bien unos seis meses después de su implementación, pero todavía hay que hacer ajustes. Las empresas no creían que íbamos a poder arreglar las entre 3.000 y 4.000 aperturas que hacen por mes. Después empezaron a sumarse al sistema".

Con este nuevo mecanismo, las empresas de servicios públicos intentan llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad en materia de arreglos. Una que logró alcanzarlo es Edenor. Alberto Lippi, vocero de la compañía, dijo que "desde que rige la ley hicimos 2.400 pedidos de apertura de vereda, a razón de 200 por mes o 7 por día. Acordamos pagar un estimado por mes de lo que vamos a romper". Por su parte, Daniel Martini, vocero de Edesur, afirmó que pagan los montos que se fijaron, tal como lo establece la ley, aunque mostró su disconformidad con los montos, que considera excesivos.

Ante esta queja, Piccardo apuntó que antes "las empresas gastaban menos porque usaban materiales malos. Ahora que hacemos el cierre nosotros, podemos hacernos responsables de su calidad".
 
Mientras tanto AySA, responsable de la mitad de las aperturas, aún negocia con la Comuna y afirmó que hasta no llegar a un acuerdo se seguirán haciendo cargo de los arreglos.
 
Ahora, el Gobierno porteño dividió la ciudad en tres zonas y le otorgó los pequeños arreglos a Grappe, Dycasa y Miavasa. "Los cierres de poca superficie son los que quedaron en manos de estas tres empresas. Pedimos que los vecinos denuncien los cierres mal hechos. Nuestro objetivo es cerrar las aperturas en un plazo no mayor a 30 días desde que la empresa de servicios terminó su trabajo. Con las calzadas estamos cerca de lograrlo, pero con las veredas estamos tardando más", indicó Piccardo, según publicó el diario Clarín.