La resolución fue adoptada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que encabeza Juan Pablo Piccardo, y se aceptó tras un lapso en el que se activó una suerte de prueba piloto, en la que se multiplicaron las críticas de vecinos y comerciantes de la zona.

El gobierno porteño recibió de parte de los perjudicados quejas acerca de que la ocupación del espacio de esa calle de Palermo complicaba la vida de los vecinos durante los fines de semana, mientras que los comerciantes denunciaban la existencia de una competencia desleal.

Mientras los artesanos compran y venden sin ningún control y sin pagar impuestos, las empresas que están a pocos metros deben cargar con todas las obligaciones tributarias e impositivas nacionales y las de la Ciudad. Además, los vecinos de esa calle clave del barrio se quejaron de que ya no pueden caminar por la zona, debido a que las instalaciones de los artesanos dejan mínimos espacios para movilizarse, sobre todo los fines de semana.
 
"Luego de evaluar el impacto general de la medida, la feria por ahora se queda en Thames", fue la manifestación que dieron funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, pese a todos los reclamos y las quejas realizadas, inclusive en el ámbito judicial.
 
La decisión adoptada por iniciativa del Ministerio de Piccardo, funcionario que evitó hace pocos días una interpelación en la Legislatura porteña por muy poco, fue tomada bajo el argumento que la Plaza Cortázar se había convertido en una virtual "Saladita", en referencia a la feria donde se vende gran cantidad de mercadería trucha.