Hay en el Congreso disposiciones de por lo menos medio centenar de leyes sancionadas no son aplicadas debido a que el Poder Ejecutivo no las reglamentó.

La irregularidad afecta a amplios sectores de la sociedad, ya que las normas dejadas en el olvido abarcan materias tan disímiles que van de la protección del medio ambiente a aspectos importantes de la economía nacional, como la actividad pesquera o la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias.
 
La información surge del trabajo realizado por el senador Samuel Cabanchik de la Coalición Cívica de la Capital Federal en donde se destaca que la desidia proveniente de mucho tiempo atrás. En los próximos meses se cumplirán 50 años sin que ningún gobierno haya reglamentado la ley 14.800, sancionada en 1959, que declaró de interés nacional la actividad teatral.

De acuerdo a la opinión de un constitucionalista la no reglamentación de las leyes es un subterfugio que el Poder Ejecutivo encuentra para no cumplir con lo que el Legislativo ordena y agrega que esto habla de la falta de equilibrio entre poderes.

El ranking de gobiernos que han incumplido en esta materia la encabeza la administración de Néstor Kirchner: 13 normas sancionadas durante sus cuatro años y medio de gestión siguen sin reglamentarse. Lo siguen el gobierno de Carlos Menem con 11, Eduardo Duhalde con 9, Raúl Alfonsín con 8, Fernando De la Rua con 5 y el actual de Cristina Kirchner con 2.

Los inconvenientes provocados por esta situación también han sido motivo de queja para la Defensoría del Pueblo, que en 2007 elevó una nota a la Jefatura de Gabinete para reclamar la reglamentación de todas las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental.

La reglamentación parcial también genera trastornos como es el caso de la ley federal de pesca, sancionada en 1998, lo cual afecta el establecimiento de las cuotas de captura de especies.
 
Hay más casos como el plan de prevención previsto en la ley de lucha contra el alcoholismo. Y lo mismo ocurre con la ley de obesidad, cuya operatividad depende del Poder Ejecutivo.
 
Las personas con discapacidades, en tanto, tienen hoy conculcado su derecho a ocupar espacios en la administración pública porque no está reglamentada la ley 25.689, que establece cuotas de puestos de trabajo para ese tipo de personas según informa el diario La Nación.
 
En algunos casos, la reglamentación se dio de facto por un fallo judicial. Fue lo que ocurrió con el derecho de réplica. A pesar de todo esto, no existe nada que obligue al Poder Ejecutivo a reglamentar una ley.