De esa manera, los jueces de la Corte Suprema de Justicia seguirían el criterio del “caso Bazterrica”, en el que los magistrados que integraban el órgano judicial en 1986, decidieron que se trataba de "actos privados de los hombres, que no ofenden la moral pública o afectan a terceros”. La intención es distinguir como enfermos a los drogadictos y poner bien en claro que la despenalización corre para la tenencia y no para el tráfico, que seguirá siendo castigado.

Esa decisión se opuso a la llamada “caso Colavini”, que en 1978, durante la última dictadura militar, decidió penar la tenencia de estupefacientes cualquiera sea la cantidad, la cual fue confirmada en 1990, durante el gobierno de Carlos Menem.

La decisión de despenalizar la tenencia de droga en pequeñas cantidades ya había sido tomada por los jueces actuales a mediado de marzo, pero no se decidía aún el momento de hacerlo. No obstante, ya habrían acordado emitir un fallo en ese sentido para febrero.

Los primeros jueces que estarían a favor de la despenalización serían Raúl Zaffaroni, autor del borrador de la primera sentencia, y Juan Carlos Maqueda. También apoyarían el fallo Enrique Petracchi, quien ya en 1986 avaló con rgumentos propios la despenalización, Carmen Argibay, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton.

En cambio, Carlos Fayt, quien votó en disidencia con Petrecchi en 1986 y en consonancia con la mayoría en 1990, mantendría su postura contraria a la despenalización.