Unas 300 personas de organizaciones contrarias un polémico proyecto de ley que despenaliza el aborto en Uruguay protestaron ayer contra la iniciativa, pocas horas antes de que el Congreso votara la norma.

El proyecto, que prevé la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, fue aprobado por los senadores el año pasado y será debatido hoy en la Cámara de Diputados, donde según versiones de medios locales tiene votos suficientes para ser avalado.

Con carteles de No matarás y Decile no al aborto, miembros de organizaciones contrarias a la legalización del procedimiento se reunieron en la principal avenida de la capital uruguaya, Montevideo, para rechazar el proyecto.

"La mayoría de este Parlamento está votando anti valores. Se pretende votar la peor de todas las leyes", dijo Carlos Iafigliola, edil nacionalista, durante la manifestación.

La norma fue presentada por legisladores oficialistas, aunque no cuenta con la aprobación del presidente uruguayo, el médico socialista Tabaré Vázquez, quien anunció que vetará cualquier ley que vaya en ese sentido.

Asimismo, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, sumó otra página a la polémica al declarar en una entrevista que quienes voten la ley quedarán "excomulgados ipso facto", lo que despertó las críticas de varios legisladores.

Actualmente, en el país rige una ley de 1938 que castiga con prisión a las mujeres que aborten y a quienes colaboren con el procedimiento.
La Justicia puede eximir del castigo en casos de violación o de riesgo de vida para la madre o el feto.

Según el proyecto, la mujer podrá decidir la interrupción del embarazo alegando "circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etáreas, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo".

La ley en discusión considera las interrupciones del embarazo como actos médicos sin valor comercial que se realizarán en servicios de asistencia públicos y privados.

Esta modificación, según los impulsores de la norma, busca terminar con las clínicas ilegales donde se realizan abortos, a veces en precarias condiciones donde corre peligro la vida de la mujer.

"Si el poder político no da una respuesta a la problemática, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir con una ley que lo único que ha hecho es hacer que el aborto sea una práctica clandestina?", comentó días atrás a una radio local Alejandra López, de la agrupación Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).

Para los opositores al proyecto en trámite, debe considerarse y defenderse la vida del bebé que está por nacer. "Si los vientres maternos fueran transparentes seguramente mucha gente que hoy está a favor de esta ley votaría en contra," dijo Iafigliola la semana pasada.

Cada año se realizan unos 30.000 abortos en clínicas clandestinas en Uruguay -según los datos de los impulsores de la despenalización- en intervenciones cuyo costo puede alcanzar hasta los 1.000 dólares.

Según una encuesta de octubre del año pasado de la consultora local Factum, un 61 por ciento de los uruguayos está a favor de la despenalización del aborto.