Más de 14 mil detenidos como acusados de cometer algún tipo de delito en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires se encuentran actualmente libres al ser beneficiados con libertades condicionales, transitorias, salidas laborales o detenciones domiciliarias.
 
Fuentes oficiales citadas por el diario Clarín admiten que un 30% de los que gozan de libertad condicional en la provincia de Buenos aires vuelven a delinquir.

Los casos más resonantes son los de Ángel Fernández, un preso monitoreado con una pulsera electrónica, al que responsabilizan por el asesinato del matrimonio Mansilla, junto con sus dos hijos de 8 y 12 años, cuyos cuerpo fueron encontrados en Campana, y el de Jonathan Errecalde, un joven de 21 años que gozaba de salidas transitorias y había escapado del instituto en el que cumplía una condena por homicidio, el cual fue abatido por la Policía tras haber participado en el crimen de un carnicero, durante un asalto en el barrio porteño de Versailles.

Tras el cuádruple crimen de Campana, el Ministerio de Justicia ordenó revisar minuciosamente las pulseras electrónicas por parte del Patronato, una tarea que hasta el momento le correspondía al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Pero los trabajadores de la primera dependencia alegaron estar saturados y la medida se suavizó. Aseguran que tienen entre 60 y 300 casos cada uno y no sesenta como marca la Ley.

De acuerdo con Martín Gershik, el director ejecutivo de la ONG “Unidos por la Justicia” “hay que apuntar al tratamiento y seguimiento de los detenidos”, ya que el sistema actual “es un fracaso”. “Hay cosas que mejorar en la Ley de Ejecución. Por ejemplo, que permite dar salidas transitorias demasiado flexibles. Pero nada se soluciona con restringir todas las libertadas, subir las penas y construir cárceles”, consideró.

Por otro lado, existe un abuso de las prisiones preventivas, o sea los detenidos sin condena. Fuentes penitenciarias admiten que en esa situación se encuentran entre el 60% y el 80% de los presos.