Las regiones de Santa Cruz, Beni y Pando, en el oriente, y Tarija, en el sur, estaban aisladas del resto del país mientras grupos opositores continuaban la toma de oficinas públicas para presionar al gobierno.

En algunas localidades los cortes carreteros se prolongan por 15 días. En la sureña Tarija, donde están las mayores reservas del gas, estaban cerrados los comercios y varias oficinas públicas y privadas.

En tanto, en la oriental Santa Cruz, grupos antigubernamentales ocupaban desde ayer la oficina recaudadora de impuestos mientras y la policía militar intentaba poner fin a la ocupación.

La falta de un diálogo y la escasez de combustibles en varias ciudades por causa del corte de rutas aumentaba la tensión.

"No podemos sentarnos a dialogar si no vemos una actitud sincera del gobierno que debe manifestarse en la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos", dijo el Secretario de Relaciones Internacionales de la Prefectura (gobernación) de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, en declaraciones a la emisora Fides.

El líder cívico Branco Marincovik agregó que la única salida al conflicto es que el gobierno renuncie a su intención de aprobar su proyecto constitucional en referendo.

A su vez el ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, acusó a los opositores de negarse a dialogar porque en su criterio "están buscando una confrontación violenta porque creen que van a ganar". El gobierno se ha resistido a utilizar la fuerza pública para evitar posibles bajas.

La policía y los militares limitan su tarea al resguardo de instituciones públicas y las instalaciones petroleras ante la amenaza de los opositores de cerrar válvulas de exportación de gas a Brasil y Argentina.

Morales reiteró el lunes su llamado a diálogo a los prefectos rebeldes pero descartó devolver los fondos que tomó de los presupuestos regionales para financiar un bono vitalicio para los ancianos y derivó el debate del referendo constitucional al Congreso.

En dos semanas de conflictos en esas regiones los manifestantes tomaron la oficina recaudadora de impuestos, el Instituto de Reforma Agraria, Migraciones, la Aduana y la administradora de carreteras, medidas que fueron calificadas por Morales como un "golpe civil".