El organismo internacional elogió la formulación que realizó el Estado argentino por el caso del adolescente asesinado y la calificó como "clara y franca", según la representante ante el organismo internacional, Andrea Gualde
Se trata del alegato presentado hoy en Montevideo por el caso Bulacio, el joven muerto por las torturas recibidas en la comisaría 35, tras ser detenido el 19 de abril de 1991 a la salida de un recital de Los Redonditos de Ricota, en Obras Sanitarias.
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la presentación había sido muy clara y franca y celebró la transparencia del Estado argentino", comentó Gualde en diálogo con Télam.
La delegación fue encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, por un representante de Cancillería y por Gualde, a quien le tocó intervenir para informar a la CIDH.
El alegato fue un balance de lo hecho para cumplir con lo dispuesto por el organismo, a partir del momento en que Argentina reconoció la responsabilidad por la muerte de Walter Bulacio.
"No negamos lo que no se debe negar, lo que no se pudo cumplir y dijimos que veníamos a hacer una presentación, no a ganar tiempo", explicó la representante ante el organismo internacional.
El Estado argentino cumplió una serie de puntos fijados por la CIDH, aunque todavía no consiguió hacerlo con todos. Según Gualde, los puntos en los que la Argentina cumplió fue en el reconocimiento del Estado en 2003 sobre el exceso cometido con el adolescente, el pago de la indemnización impuesta por la CIDH en beneficio de la familia y la publicación del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el caso.
Se cumplió además con el dictado por parte de la Corte Suprema de un fallo de imprescriptibilidad del caso, paso esencial para seguir la investigación y, por último, con la continuación del sumario interno en la Policía Federal para sancionar al responsable de la tortura y muerte de Walter.
El informe de Gualde ante la CIDH aceptó que hay dos puntos en los que el Estado aún no avanzó, como es la obligación de sancionar a los autores del crimen y la adecuación de la normativa nacional para que no vuelva a suceder un hecho similar.
"La adecuación de la normativa se refiere a que no se puede detener a un menor sin una orden judicial y sin que hubiera cometido delito alguno", reconoció Gualde. La abogada, quien es integrante de la Secretaría de Derechos Humanos, manifestó que si bien "el reconocimiento de la responsabilidad del delito contra Bulacio se hizo durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el cumplimiento de lo fijado por CIDH se hizo bajo la presidencia de Néstor Kirchner".
"Por supuesto, bajo la presidencia de Cristina Kirchner se continúa con el cabal cumplimiento de lo prescripto por la CIDH y en línea con la política de Derechos Humanos del Gobierno nacional", fundamentó.
Fuente: Télam